1. Morena en Guanajuato: trascender por cuenta propia
Para nadie fue un secreto el crecimiento que Morena logró en la elección pasada en Guanajuato. Los números a comparación del 2021 los catapultaron al grado de arrebatar prácticamente toda la región Laja Bajío, al ganar alcaldía, diputaciones locales y federales. En fin, se consolidaron como segunda fuerza política estatal y con ello un nuevo reparto de distinciones y responsabilidades.
Ahora hay un corte de caja. Conscientes están de que con Claudia Sheinbaum Pardo, su estilo personal de gobernar no haría posible la misma dinámica establecida por el tabasqueño. Si bien los programas sociales se quedarán, morenistas consultados al respecto asumen como un hecho que ya no contarán con el empeño de Andrés Manuel López Obrador; el debate ahora deberá promoverse desde casa.
Es entonces que se vuelve preciso repasar el momento y aspiraciones de algunos connotados morenistas.
La excandidata a la gubernatura Alma Alcaraz Hernández actualmente encabeza la impugnación de la elección estatal que ya se ha presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tanto ella como los abogados enviados desde el CEN de Morena, están ciertos de la imposibilidad de conseguir algo más que exhibir públicamente las operaciones del PAN en la campaña.
Al menos hasta agosto, mes en el que se prevé que termine el proceso judicial, sabremos si se confirma la delegación de programas federales para Alma, lugar que quedaría libre si se cumple el regreso a CDMX del actual delegado Mauricio Hernández.
En esos ajustes no se debe perder de vista a la dirigenta estatal Adriana Guzmán Cerna, quien proviene de la misma delegación. Quien aspira a la dirigencia estatal que se renovará el siguiente año es el actual secretario general Jesús Ramírez Garibay, quien es parte del grupo político del senador electo, Ricardo Sheffield Padilla.
Para la coordinación de la nueva y más numerosa bancada de diputados locales de Morena, varias corrientes del partido no ven con malos ojos que repita David Martínez Mendizabal, identificado con los allegados al grupo de Marcelo Ebrard Casaubón, cuya designación en la Secretaría de Economía, mantiene activa a la senador Malú Micher Camarena, quien ya había dicho que estaba cerca del retiro.
En cuanto a Ernesto Prieto Ortega, es una historia conocida. Él se va al retiro pero su hijo Ernesto Alejandro llegará como diputado federal, Octavio Augusto llegó recientemente como magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y Julio Cesar logró su reelección como alcalde de Salamanca.
De entrada, está el deber de madurar como partido. Si bien el argumento perfecto convertido en salvoconducto para entender su desorden interno, es autodefinirse como partido-movimiento, lo cierto es que la estructura mínima de funcionamiento mediante comité municipales así como de las diferentes carteras del Comité Directivo Estatal, es ya una obligación concreta.
2. El real y contradictorio crecimiento de Guanajuato
La crisis de violencia no termina, la desigualdad y marginación sigue su progresión demográfica, pero Guanajuato no deja de incrementar su actividad económica, en una de las contradicciones que mejor ha ilustrado el contraste de un estado entregado al modelo de desarrollo basado en la atracción de capitales.
El gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo terminará apenas logrando los mismos 10 mil millones de dólares en inversiones, una cifra nada despreciable si se toma en cuenta el paro de dos años al que obligó la pandemia. Prácticamente no cesó el crecimiento de capitales y esto se refleja también mes con mes como lo refleja el indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE).
Apenas en los primeros tres meses del año, Guanajuato logró un aumento de 2.5 por ciento en el total de la actividad económica, con lo que se ubicó en un discreto treceavo lugar a nivel nacional.
Lo más interesante es que este crecimiento no se previó ni de soslayo por el Secretario de Desarrollo Económico, Ramón Alfaro Gómez, o por el Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos Rosales, pues a pesar de la sequía, la crisis y los escasos apoyos, la agricultura y la ganadería reportaron un incremento anual de 9.8 por ciento.
Ni la dinámica de las inversiones o los programas estatales del campo, podrían explicar tal nivel de crecimiento; está ocho puntos arriba de las actividades secundarias, que corresponden a los sectores dedicados a la industria de la minería, manufacturas, construcción y electricidad. Para darse una idea, la agroindustria representa 17 por ciento del PIB de la entidad, casi a la par del automotriz.
Al final, se trata de reconocer que dentro del sesgo provocado por las apantallantes cifras que manejan las transnacionales asentadas en Guanajuato, hay un brazo productivo que no deja de dar resultados aún cuando se reniegue del aquel mencionado pasado como el “granero de México”
3. Ciudadanos en Sapal: un boquete al sistema
Con reformas a regañadientes, el Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) se ha abierto paulatinamente a la participación ciudadana o civil, como parte de un proceso ineludible pero que hasta ahora sigue pautado por el dominio de los intereses empresariales en la paramunicipal más importante del estado.
En 2022, el Consejo de Sapal se renovó abriendo un espacio para la sociedad civil organizada. La agrupación ‘Acción Colectiva’ denunció que fue una simulación pues el lugar se asignó al exsecretario de finanzas del estado Juan Ignacio Martín Solís y para el funcionario de la empresa española Abengoa Julio César Sánchez Delgado, al ser postulados por la “Asociación Mexicana de Hidráulica”.
De manera que aun sin certeza en la inclusión de las OSC, ahora se ha integrado por primera vez una representación con tres escaños de la ciudadanía de a pie. Se trata de Maria Elena Juachi Velázquez, Martha Elena Macías Pérez y Rosalba Flores Mata, quienes llegan como representantes de colonos luego de tres años para que aterrizara la reforma.
Aún es muy pronto para saber si las tres nuevas consejeras harán valer la razón por la que se ideó su inclusión, lo cierto es que será más que interesante observar su desempeño desde sus más diferentes oficios o profesiones, pues una es ama de casa, otras es expolicía municipal y la tercera es analista en programación.
Lo que no se puede olvidar es el origen de la apertura de estos espacios. Fue la muerte de cinco trabajadores en la planta tratadora de aguas residuales el 13 de noviembre de 2020, la que motivó que sus familiares exigieran la apertura del consejo de Sapal como medida de remediación de los daños. En concreto, un boquete de observancia y vigilancia ciudadana.
CONTRA RETRATO
Victor Zanella Huerta
Su trayectoria empata a la perfección con aquella frase de “el que obedece no se equivoca”. Para fines prácticos, como diputado local se apegó a la línea oficial desde el inicio y, todo indica, así continuará.
Victor Zanella Huerta es el presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, por lo que sería medular su parte en el debate público sobre la posible extinción del Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública (FIDESSEG).
Fiel a su costumbre, acató sin cortapisas la indicación para solicitar con el grupo parlamentario del PAN la extinción del Fidesseg. De su parte no hubo mayor argumentación incluso cuando la oposición lo que ha solicitado es una mesa de trabajo para transparentar las cuentas de dicho instrumento financiero.
Como se dio a conocer, el exhorto al final ha sido ignorado por el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a pesar de que este defendió la posibilidad de eliminar el fideicomiso, incluso por encima de la voluntad de los líderes empresariales. En el transcurso, la virtual gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo intervino y ahora se prevé mantenerlo.
Es así que ahora Zanella se envuelve en la bandera del Fidesseg a pesar de haber respaldado el exhorto para su disolución. Ahora, enalteció su utilidad para sacar adelante proyectos de seguridad e impacto social, por lo que no debe desaparecer, sino “ajustar sus procesos” para agilizar la entrega de recursos y transparentar su manejo.
Así que para Zanella la mejor opinión es la que tenga en ese momento el gobernador. Una posición cómoda y hasta práctica, pero que palidece frente a las funciones fiscalizadoras de un integrante del Poder Legislativo y más aún de un presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización.