1.- UG: ahora Aspaaug por arriba de Claudia Susana
Cuando Luis Felipe Guerrero Agripino consintió con concesiones y beneficios a la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato (ASPAAUG) liderada por Lizbeth Reyes Montúfar, lo hizo pensando en la sumisión y complicidad que podría obtener a cambio durante su rectorado (2019 – 2023).
Sin embargo, esta correlación no pudo ser heredada de forma impoluta. La dirigenta de la ASPAAUG se empoderó a tal grado, que se convirtió en otra de las entidades de poder capaz de doblegar la voluntad de la rectora actual Caludia Susana Gómez López.
La trama es expuesta hoy como nota principal en Correo. Ocho maestros de la División de Arte y Diseño, arrastran sendas acusaciones de violencia de género al interior de la UG que motivaron a su estudiantado a aprovechar la coyuntura de las protestas por la sucesión en la rectoría general en septiembre de 2023 y exigir su inmediata suspensión para emprender las investigaciones pertinentes.
En este como en otros intentos de control de crisis, Claudia Susana garantizó a los estudiantes un proceso eficiente para investigarlos con su respectiva medida precautoria de separarlos de las aulas. En este como en otros intentos, la recorta terminó rompiendo su palabra.
En febrero pasado, en este espacio el comentamos el amago de la ASPAAUG de suspender toda negociación general sobre el salario de sus agremiados para este 2024, argumentando problemas que sugieren una violación a los derechos laborales del profesorado del Departamento de Música y Artes Visuales de la División de Arquitectura, Arte y Diseño del Campus Guanajuato UG.
No era el incremento salarial, las prestaciones o beneficios laborales, el tema para la ASPAAUG eran sus ochos profesores puestos en calidad de víctimas, incluso afirmaron que la rectora atentó contra la integridad y estabilidad laboral de las y los docentes, además de haber puesto en entredicho “la imagen, el prestigio y los valores de nuestra Universidad”.
Aparentemente, las palabras de la dirigencia sindical calaron hondo en la rectora, pues terminaron por aplicar el incremento salarial y, claro, la reubicación de los docentes cuya circunstancia legal por los casos de violencia que se les achacan aún no esclarecen. Claudia Susana fue doblegada.
Ahora el tema ha provocado una nueva efervescencia estudiantil dispuesta a reprochar otro grave incumplimiento de la rectora general, pero más aún, la muestra inequívoca de que no sólo se encuentra subsumida a los designios de su antecesor y su grupo entronizado en la burocracia universitaria; ahora también lo está ante la fuerza sindical de Lizbeth Reyes Montúfar.
2.- CDE PAN: la primeras jugadas de poder
Con un método descaradamente simplificado, la dirigencia estatal del PAN publicó la convocatoria exprés para el proceso de renovación de Comité Directivo Estatal para el 2 de septiembre próximo. Para lograrlo, el grupo oficial en torno al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, propició las condiciones para que se evitara a toda costa y nuevamente, toda posibilidad de contienda interna.
Claro quedó que para el oficialismo panista, toda posibilidad de asambleas internas es “posibilidad de división y desgaste”, como si su proclividad a monopolizar decisiones y designaciones no motivara una reacción del mismo calibre. Ahora pretenden arrasar con su decisión para garantizar la llegada de Aldo Márquez Becerra y Juana de la Cruz Martínez como presidente y secretaria general respectivamente.
Ahora bien, el hecho de que la designación se defina por votación de los Consejeros Estatales mantiene viva la posibilidad de que el panismo guanajuatense se aglomere en dos o tres grupos que sean los que definan la dinámica interna al menos para los siguientes tres años.
Ayer, justo en este contexto, se difundió una extensa nota donde sale a relucir – a escasos dos meses de que termine el sexenio- la figura del jefe de gabinete, Juan Carlos Alcántara, al que, en un claro golpe mediático salpicado de valoraciones políticas y burocráticas, le señalan de ser el verdadero gobernante de Guanajuato por encima de la figura de Diego Sinhue.
Dos son las trincheras de las que podría haber surgido esta embestida mediática en la antesala de la elección de la dirigencia.
Una y la que se presta como la más plausible es que venga del naciente grupo conformado en torno de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, y del senador electo Miguel Márquez Márquez, la otra es que sea un ardid de los cercanos a la gobernadora electa Libia Dennise García Muñoz Ledo, en un intento por sacudirse la imagen de Alcántara.
Pero no pierda usted la calma. Las reacciones a la convocatoria son más que esperables y con ello, la génesis de la fragmentación en el PAN del nuevo comienzo.
3.- Celaya: en la crisis, negligencias expuestas
¿Qué hacían agentes de tránsito en labores de escolta de un periodista amenazado? Es una de las preguntas que prevalece entre el gremio periodístico tras el asesinato del reportero Alejandro Alfredo Martínez Noguez mejor conocido en las redes sociales como el Llanero Solitito.
Y es que lo que más resalta, es la deficiente protección brindada al comunicador que, en noviembre del año 2022, sufrió de amenazas presenciales en su propio domicilio, además de la medida concreta de protegerlo a través de la corporación local que, desde hace años, concentra los ataques directos del crimen organizado.
Por eso es ineludible el fracaso para la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo de Jesús Rivera Peralta, pues aunque en la postura oficial aseguraron que los dos agentes “repelieron la agresión” cuando hablamos de un suceso en el que se asesinó a un comunicador, mientras los dos elementos fueron lesionados y una mujer que circulaba también.
Con la Fiscalía General del Estado (FGE) la reacción fue igual de decepcionante al aseverar que designó a un equipo forense para hacer, lo que por ley ya les toca, que es investigar y castigar el crimen. En tanto, el Consejo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos emitió una postura que no aclaró dudas y anunció una sesión extraordinaria.
Por su parte, la organización Artículo 19 llamó a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) atraiga el caso y urgió al gobierno estatal medidas de protección para los familiares de Martínez y para la prensa en Celaya, pues al final eso es lo que queda entredicho; la seguridad para informar en una ciudad bajo fuego.
CONTRA RETRATO
Gerardo Vázquez Alatriste
En 15 días cumple exactamente un año en Guanajuato con un perfil mucho más político y mediático. De vieja escuela, dijeron algunos al ver su extenso currículum que procede desde las antiguas estructuras de la extinta Procuraduría General de la República (PGR). De ahí que muchos esperaran un cambio fundamental que visibilizara las actividades de su delegación.
El delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, comenzó su encargo llenando de elogios al gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y a la Fiscalía General del Estado, haciendo alarde de coordinación y entendimiento. Incluso se atrevió a aseverar que “en ningún otro estado se combate al crimen organizado como aquí”.
Partiendo de lo anterior, sería plausible que el propio delegado explicara el claro descenso en el decomiso general de armas que los tres niveles de gobierno han decomisado y procesado a través de su ventanilla, pues en 18 años Guanajuato apenas reporta 7 mil 800 piezas, pero con el importante detalle de que en los últimos tres sexenio, la cantidad se ha reducido significativamente.
Así, tenemos que en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, en el que se inició la guerra contra el narco, se reportaron 2 mil 854 armas de fuego. En el sexenio de Enrique Peña Nieto la cantidad descendió a las 2 mil 730. Pero las cifras de este sexenio apenas llegan a 2 mil 216 armas.
Por supuesto que no es lógico tal decremento en decomisos mientras la crisis de violencia se mantiene más viva que nunca, de manera que Vázquez Alatriste sabe que hay una anomalía o bien, conoce una razón no pública que se contrapone a la narrativa oficial del gobierno estatal que sostiene que el tráfico de armas es uno de las razones de nuestro males. En todo caso, se requieren respuestas.