Guanajuato, Guanajuato.- PAN y PRD presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato para favorecer a las mujeres del campo.
La diputada Ana María Esquivel Arrona explicó que la violencia a la que se enfrentan las mujeres del campo o rurales es de manera preponderante a dobles o triples discriminaciones: por ser mujeres, por su estatus socioeconómico y por su origen étnico; lo que impacta, dijo, directamente en su vida y la de sus familias.
Explicó que una de las brechas que impiden a las mujeres aprovechar al máximo sus potencialidades en el ámbito rural radica en la invisibilización de su papel en el desarrollo del campo y la infravaloración del reconocimiento de su trabajo.
Precisó que en el ámbito rural las mujeres cumplen un papel fundamental pues son ellas las principales productoras de alimentos en el país y a nivel global, con lo cual realizan una valiosa aportación a la mejora de los medios de vida rurales, particularmente mediante el trabajo de cuidados no remunerado.
Presentó que en Guanajuato el número de hombres propietarios de ejidos es de 73.2% y el de las mujeres propietarias es del 26.8%, lo que genera que las mujeres, al no ser dueñas, no puedan recibir apoyos de equipamiento, de infraestructura ni créditos o apoyos económicos por pago de servicios ambientales.
Destacó que de ahí nace la importancia de visibilizar las violencias a las que se enfrentan las mujeres del campo guanajuatense para que, con una visión diferenciada se atiendan sus necesidades frente a tipos y formas de violencia en el contexto de su realidad social y cultural.
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Esquivel Arrona enfatizó que la iniciativa busca que la Secretaría del Campo se incorpore como integrante del Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de fortalecer el diseño transversal de políticas públicas y acciones que propicien una vida libre de violencia y no discriminación de mujeres en el ámbito rural.
Informó que se realizan modificaciones a las denominaciones de las dependencias que integran la administración pública estatal con base en las reformas previamente aprobadas. La Comisión para la Igualdad de Género estudiará y dictaminará ésta iniciativa.
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