El Parlamento, controlado por el oficialismo sandinista, informó que realizará sesiones especiales junto con el Consejo Supremo Electoral (CSE), organismo afín al Ejecutivo, con el propósito de definir las modificaciones constitucionales y legales necesarias para respaldar las reformas planteadas por el mandatario.
La iniciativa surge después del discurso pronunciado por Ortega durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, celebrada el pasado 19 de julio, cuando aseguró que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones que permitan a la oposición disputar el poder.
Durante ese acto, el mandatario instruyó a los diputados y a diversas instituciones del Estado a elaborar nuevas leyes para impedir que, según sus palabras, “golpistas” y “vendepatrias” puedan competir políticamente, aun cuando reciban apoyo del extranjero.
Ortega no detalla cómo serán las reformas

Hasta el momento, el Gobierno nicaragüense no ha explicado en qué consistirán las modificaciones al sistema electoral. La única postura oficial ha sido la expresada por Ortega, quien afirmó que en el país “no volverá a haber elecciones” que permitan a la oposición acceder al gobierno.
El dirigente opositor y exaspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro aseguró que el objetivo del mandatario es consolidar un modelo de partido único, similar al que existe en países como China, Corea del Norte o Cuba.
Según Chamorro, el sandinismo buscaría sustituir las elecciones competitivas por procesos internos dentro del oficialismo para designar a sus autoridades, eliminando cualquier posibilidad de alternancia política.
Estados Unidos, Panamá y Costa Rica condenan la medida

Las declaraciones de Ortega provocaron una rápida reacción internacional.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó al mandatario de mostrar su “verdadera naturaleza autoritaria” al anunciar que Nicaragua dejará de celebrar elecciones libres.
Rubio sostuvo que Ortega y la copresidenta Rosario Murillo abandonaron incluso la apariencia de contar con respaldo popular y pidió a la comunidad internacional aumentar la presión diplomática para defender la democracia en el país centroamericano.
Por su parte, Panamá llamó a consultas a su embajador en Managua, una decisión que reduce el nivel de las relaciones diplomáticas entre ambos países. La Cancillería panameña calificó como un grave retroceso democrático cualquier intento de eliminar el derecho ciudadano al voto.
Costa Rica también expresó su preocupación por el cierre de los espacios democráticos y denunció la persecución contra voces críticas del gobierno nicaragüense.
Mientras tanto, organizaciones opositoras solicitaron a la comunidad internacional actuar con mayor firmeza para frenar el avance del autoritarismo y exigir garantías para el restablecimiento de elecciones libres y competitivas.
Daniel Ortega acumula casi dos décadas consecutivas en el poder

Daniel Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua de manera ininterrumpida desde 2007. En febrero de 2025 comenzó un nuevo periodo presidencial junto con su esposa, Rosario Murillo, quien asumió como copresidenta tras una reforma constitucional que creó ese cargo.
En los últimos años, el gobierno sandinista ha sido señalado por organismos internacionales y grupos defensores de derechos humanos por presuntas violaciones a las libertades políticas, persecución de opositores, encarcelamiento de aspirantes presidenciales y restricciones al ejercicio democrático.
Las nuevas reformas impulsadas por el oficialismo podrían representar un cambio profundo en el sistema político nicaragüense y profundizar el aislamiento internacional del país.
