1.- AMLO: violencia e injusticia como capital político
De los comentarios que Andrés Manuel López Obrador ayer hizo sobre los diferentes ataques ocurridos el lunes pasado contra elementos de seguridad en Irapuato, Salamanca y Celaya, donde resaltan tres ambulancias dañadas, quedan conclusiones que pinta de cuerpo entero la postura que su gobierno tuvo ante la crisis de violencia que padece Guanajuato desde hace una década.
Cierto, la violencia en Guanajuato y en el país no la causó la Cuarta Transformación, pero sobre la responsabilidad del presidente pesa la voluntad de no haber hecho lo suficiente para detener esta espiral infernal, donde los criminales pueden actuar de forma completamente impune, mientras panistas y morenistas se culpan mutuamente de la tragedia.
Las palabras del presidente son una confesión de parte, pues sin tapujos se abstrajo de los hechos como si fuera un vecino más mirando una escena sangrienta.
“Ahora es en Celaya, fueron dañadas tres ambulancias. Se están haciendo las investigaciones y hubo, sí, personas que perdieron la vida, pero ya hemos hablado de eso, no quiero tampoco que se malinterprete, pero sí hay un problema grave de inseguridad en Guanajuato desde hace tiempo, y eso nos afecta. Ojalá y tomen una decisión para hacer algo…”.
Lo que dijo después, reveló las maneras en las que el tabasqueño tiene para capitalizar la violencia: “que vaya Latinus ahí, o que vayan los de derechos humanos (…) Miren Guanajuato, de los 85 (asesinatos) el 15, 18 por ciento… Pero ni Ciro, ni López-Dóriga, ni en ‘esta noche en Hechos’, nada; menos Latinus”.
Sin mayor profundidad en la situación de Celaya y el resto de Guanajuato, usó los hechos para quejarse de los medios de comunicación y del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. El absurdo es mayúsculo, pues criticó que aquella correlación se tradujo en silencio sobre la violencia de entonces, cuando la crisis del estado se ha convertido, una y otra vez, en noticia nacional e internacional.
Pero más allá del mero tema a tratar, la actitud de López Obrador explica por qué no se actuó contra el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, de forma activa; se limitó a realizar acusaciones y señalamientos bajo un criterio simplemente político. Si el fiscal guanajuatense caía, se le caía la causa central de Guanajuato.
Lo mismo aplica para la crisis de violencia en Guanajuato. Si bien esta no la originó López Obrador, mientras esta se mantenga tendrá municiones para vilipendiar a sus críticos. El criterio político por encima de las tragedias del país.
2.- Canadevi se faja contra reforma al Infonavit
Retroceso, corrupción, anacronismo… el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Víctor Franco Vargas, salió con su mejor repertorio de críticas contra la reforma legal que la 4T pretende para permitir que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) vuelva a construir vivienda.
No es para menos. La lógica de los cambios tiene que ver con abandonar el sistema de subsidios para las constructoras de vivienda, para encauzarlos en presupuestos públicos con miras a la contratación directa de la obra. El argumento central es que la visión de estado y el beneficio público lo tendrán desde el gobierno federal.
Lo anterior convertirá a los desarrolladores en licitantes de vivienda, con el temor de que siga la tónica del sexenio actual. Al respecto, Victor Franco, no dejó punto positivo alguno y comparó la medida con las capacidades que hace 30 años tuvo el Infonavit. Fue un desastre, dijo el líder empresarial al recordar aquellos tiempos en los que la vivienda era un asunto de estado.
Ahora bien, el que los desarrolladores de vivienda tuvieran la pauta como parte del mercado, derivó en esquemas de corrupción y flujo de información privilegiada con los tres niveles de gobierno. Fraccionamientos distantes, con materiales de baja calidad y equipamientos incumplidos, se volvieron también el pan de cada día en el sector popular.
Ahora que se busca regresar al esquema de hace tres décadas, los empresarios sostienen que tienen la capacidad de la infraestructura, las fuentes de financiamiento e incluso los análisis financieros “para que esto sea negocio”. Tan es así, que Victor Franco sentenció que no es posible que el gobierno pretenda hacer vivienda con sus propios recursos a un menor precio, pues es la IP la que “domina los costos”.
3.- Obra Pública en la incertidumbre
Vaya chasco se llevaron en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
con las presentaciones de las candidatas y candidatos a la alcaldía de León, ante la escasez de planteamientos concretos en materia de obra pública.
En un foro al que acudieron Vanessa Montes de Oca, candidata de Morena; Juan Pablo Delgado Miranda, abanderado de Movimiento Ciudadano; Gerardo Fernández, candidato del Partido Verde; Alejandra Gutiérrez Campos, candidata del PAN y Vladimir Santos Saucedo del PT, los candidatos presentaron sus propuestas en infraestructura pero de forma colateral a otros temas.
El presidente de CMIC Guanajuato, Raúl Silva Ávila, dijo que faltaron propuestas de los candidatos para el sector, pues en lo general dedicaron gran porcentaje a temas como seguridad. Recalcó que se necesita más énfasis para que atiendan las necesidades del sector, y la necesidad de obra pública, luego de que se descartaran obras estrategias federales para Guanajuato.
No obstante, las circunstancias políticas apremian y de alguna manera justifican el hecho de que no haya larga lista de proyectos en las promesas electorales. Se trata del nuevo orden financiero que ahora concentra las decisiones de obra pública de forma centralizada; el recurso del que antes se disponía a nivel estatal o municipal, ahora se queda en las arcas federales.
Por ahora, el gobierno local que quiera desarrollar obras de gran calado sin vérselas con la federación, tendrá que generar su propio presupuesto o de plano pedirlo prestado.
Se trata de una situación de incertidumbre que es general ante la incapacidad, incluso en un municipio como León, para reducir gastos y generar recursos que aún así, resultan ínfimos para sustentar una sector constructor que en su 80 por ciento, depende de la inversión pública.
CONTRA RETRATO
Francisco García León
No hay en el panorama un proyecto aterrizado para aprovechar el decreto presidencial de diciembre de 2022, que implica el aprovechamiento de cuatro cuencas hidrológicas para beneficiar 17 municipios de Guanajuato. Así lo dejó en claro como responsable de la gestión del agua a nivel estatal, luego de listar una serie de graves pendientes que hacen pensar en una crisis con un largo trecho.
El director de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, Francisco García León, llegó a mitad del sexenio ya con las controversias políticas en torno al agua al rojo vivo, pero también con la escasez del vital líquido mucho más evidente. Su papel en el pasado como operador político y funcionario ligado al agua en León, le valieron esta posición.
El asunto es que en la misma visión del PAN, García León ha explicado que, entre otras cosas, no hay recursos en este momento para poder instalar la infraestructura que se requiere en la región noreste de Guanajuato para atender en esta primera la crisis hídrica. Pero más aún, no se conoce la demanda real ni se tiene la eficiencia de la gestión del agua de los organismos operadores municipales.
Las opciones son reducidas. Las que habría serían para aprovechamientos menores con presas de 100 mil a 250 mil metros cúbicos que puedan abastecer las poblaciones que lo requieran. Sin embargo, la verdad es que a la espera se está de los tiempos políticos.
Guanajuato aún enfrenta retos dentro de su territorio para mejorar su eficiencia en el agua así como en su aprovechamiento, una larga lista de pendientes que sin atenderse ni uno de los proyectos de gran escala que se han planteado para sus municipios del corredor industrial, tendría el impacto positivo esperado. Así que no queda más que esperar el cambio de sexenio.
