Guanajuato, Guanajuato.- Las 33 reformas aplicadas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato ya no alcanzan para atender la realidad de la entidad, particularmente en los 17 municipios con alerta de género, señaló la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, la diputada panista Susana Bermúdez Cano.
Al encabezar la mesa técnica de análisis sobre la norma vigente desde noviembre de 2010, la legisladora sostuvo que el marco legal acumuló parches que hoy demandan una reconfiguración de fondo: “Yo dejaría de lado todo tema de tinte político porque lo que se está buscando es construir una ley fortalecida, que tenga una verdadera aplicación y que cambie la realidad de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes; la cantidad de 33 reformas que ha sufrido esta ley ya no resulta suficiente“.
Bermúdez Cano expuso que las instancias locales demandan a los alcaldes destinar presupuesto para casas de transición, atención psicológica y asesoría jurídica, ubicando a Irapuato como foco prioritario debido a su alta incidencia en violencia familiar.
Planteó a las diputadas expedir una legislación completamente nueva
Durante la mesa de trabajo, la representante de la Fiscalía General del Estado, Elizabeth Durán Isaías, planteó a las diputadas expedir una legislación completamente nueva en lugar de mantener modificaciones parciales. Argumentó que el texto vigente duplica y confunde modalidades con tipos penales en 17 categorías que complican dictar medidas de protección, además de proponer la incorporación de la inteligencia artificial en la violencia digital, armonizar la violencia vicaria con el Código Penal del Estado y evaluar la viabilidad del Banco Estatal de Datos frente a plataformas nacionales como el Banavim.
Por parte del Poder Ejecutivo, Viviana Cifuentes Adón, representante de la Secretaría de las Mujeres, propuso regular formalmente las casas de transición para que las víctimas que egresan de un refugio cuenten con acompañamiento hacia su autonomía económica. Asimismo, sugirió establecer que, al momento en que una mujer ingrese a un refugio con sus hijas o hijos, la autoridad judicial decrete la guardia y custodia provisional inmediata para impedir que los agresores promuevan denuncias penales por sustracción de menores en contra de las madres.
En la reunión, Rocío Carrillo Díaz, en representación del Poder Judicial, pidió homologar las órdenes de protección y denominar la norma como ley de acceso a una vida libre de violencias, en plural, mientras que Guillermo Aguirre Fonseca, de la Secretaría de Derechos Humanos, solicitó vincular el presupuesto a metas de inclusión en refugios para mujeres indígenas y con discapacidad. A su vez, titulares de los institutos municipales de Purísima del Rincón, León, San Francisco del Rincón y San Miguel de Allende solicitaron que los cabildos asignen recursos para contratar personal de psicología, trabajo social y derecho, además de coordinar acciones con las fiscalías contra deudores alimentarios.
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Al término de la sesión, la comisión acordó que las propuestas recabadas junto a las diputadas Ana María Esquivel Arrona y Sandra Alicia Pedroza Orozco serán sistematizadas por el área técnica para elaborar el proyecto de dictamen que se someterá a votación en las siguientes semanas.