Irapuato, Guanajuato.- Con el eslogan “Las casas de vida nunca serán vencidas”, alrededor de 250 personas, entre líderes, integrantes y familiares vinculados a distintos centros de rehabilitación de Guanajuato, se concentraron este jueves en el Parque Irekua de Irapuato para manifestar su rechazo a la reforma de la Ley General de Salud en materia de Salud Mental y Adicciones, al considerar que pone en riesgo la atención de personas con consumo de sustancias y limita la capacidad de las familias para intervenir.
Tras la concentración inicial, las y los manifestantes recorrieron la avenida Guerrero hasta llegar al Centro Histórico de Irapuato, donde continuaron su protesta en las fuentes danzarinas.
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Durante el trayecto avanzaron acompañados de música y mensajes alusivos al cierre de anexos, así como a la importancia de mantener espacios de atención para personas con adicciones.
La movilización, encabezada por representantes de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío, buscó visibilizar el desacuerdo del sector con la modificación legal, que establece que el ingreso a un centro de rehabilitación debe ser voluntario, lo que, advirtieron, podría dificultar los procesos de recuperación y generar consecuencias sociales como un aumento en la violencia y la incidencia delictiva.
Nicolás Pérez Ponce, líder de la organización, explicó que los anexos han asumido durante años una labor que, dijo, ha rebasado el ámbito de la atención médica y se ha convertido en un apoyo social para cientos de familias.
“Sabemos de antemano que nosotros, como centros de rehabilitación, ya estamos abarcando otras funciones que les competen al Estado y a la Federación”.
Afirmó que, desde la entrada en vigor de esta reforma, la demanda de atención aumentó hasta en un 30 %, mientras que los familiares enfrentan más obstáculos para intervenir cuando una persona rechaza el tratamiento.
“Esta decisión de la Ley de Salud Mental va a aumentar la cuestión de delitos, porque muchos de los que tienen adicciones van a decidir seguir en esta adicción”.
Nicolás Pérez Ponce aseguró que en Guanajuato existen entre tres mil 500 y cuatro mil centros de rehabilitación, de los cuales cerca del 70 % están regularizados; sin embargo, reconoció que muy pocos cumplen con los requisitos federales para obtener certificaciones oficiales, principalmente por la falta de recursos para sostener personal médico especializado.
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“Nosotros no estamos en contra de que el gobierno federal nos reconozca, pero que ellos pongan las propuestas que ellos nos piden”.
Las y los manifestantes entregaron el pliego petitorio al secretario del Ayuntamiento, Rodolfo Gómez Cervantes, quien se comprometió a entregar el documento a la presidenta municipal Lorena Alfaro García y a la gobernadora del estado Libia Dennise García Muñoz Ledo. Además, aseguró que el gobierno de Irapuato está dispuesto a apoyar a las familias con seres queridos con adicciones.
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