Jerécuaro, Guanajuato.- La diputada federal Antares Vázquez Alatorre acudió al Segundo Informe Legislativo de la diputada local Jenny Oliveros, donde fue cuestionada sobre la distribución de los programas sociales y el presupuesto destinado por el Gobierno del Estado de Guanajuato a los municipios de la región sureste. La legisladora consideró que persisten rezagos importantes en materia de infraestructura, desarrollo social y oportunidades para la población.
Durante su pronunciamiento, la legisladora destacó que desde el Gobierno federal se han impulsado diversos programas sociales que, afirmó, han permitido mejorar las condiciones de vida de distintos sectores de la población, entre ellos las pensiones para adultos mayores, Mujeres Bienestar, las becas dirigidas a jóvenes, los apoyos destinados a niñas y niños de educación primaria, además de los programas dirigidos al campo.
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Vázquez Alatorre señaló que estos apoyos han cobrado especial relevancia en el sureste de Guanajuato, una zona con una importante actividad agrícola y en la que numerosas familias dependen directa o indirectamente de las actividades del campo. Aunque los programas federales han representado una alternativa para miles de familias, todavía existen importantes rezagos en municipios de esta región, particularmente en materia de infraestructura y generación de oportunidades, situación que atribuyó, entre otros factores, a la insuficiencia de los presupuestos estatales destinados a los municipios.
Explicó que las presidencias municipales enfrentan dificultades para atender todas las necesidades de sus comunidades debido a que los recursos disponibles son limitados, lo que ocasiona que algunos proyectos de infraestructura permanezcan pendientes o no puedan desarrollarse en los tiempos previstos.
“Siguen existiendo rezagos”, sostuvo la legisladora, al referirse a las condiciones que prevalecen en diversos municipios del sureste del estado y a las dificultades que enfrentan los gobiernos locales para contar con recursos suficientes para ejecutar obras y proyectos de impacto social.
Uno de los principales señalamientos de la diputada estuvo relacionado con la manera en que, según afirmó, se distribuyen algunos programas sociales implementados por el Gobierno del Estado. Vázquez Alatorre puso como ejemplo la llamada Tarjeta Rosa y cuestionó que, desde su perspectiva, el beneficio no llegue de manera equitativa a todas las mujeres que podrían cumplir con los requisitos para recibirlo.
Detalló que existen mecanismos de intermediación política para determinar quiénes son incorporadas a determinados programas, señalando que algunas beneficiarias estarían vinculadas con estructuras partidistas o con grupos de movilización política.
Según su versión, la inscripción no siempre se realizaría mediante una instancia gubernamental de manera directa, sino a través de delegadas, jefas de colonia o personas encargadas de movilización, quienes tendrían influencia en la determinación de las personas que reciben los beneficios.
La diputada sostuvo que esta situación genera inconformidad entre quienes quedan fuera de los programas y consideró que los apoyos sociales no deberían estar condicionados a la participación política de las personas.
Asimismo, cuestionó que algunos programas puedan utilizarse con fines relacionados con el proceso electoral de 2027, al considerar que existe el riesgo de que los beneficios públicos sean vinculados con actividades de promoción o movilización política.
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Además, señaló que el apoyo llegaría con la presunta condición de acudir a eventos oficiales o actividades vinculadas con el Gobierno del Estado para mantener el acceso a determinados beneficios.
La legisladora afirmó que algunas mujeres serían invitadas o instruidas para participar en eventos de la administración estatal y que, de acuerdo con los testimonios que dijo haber recibido, quienes no acuden podrían enfrentar dificultades para recibir determinados apoyos.
“Si vas, recibes; si no vas, no recibes”, resumió al referirse a lo que calificó como una práctica discriminatoria.