De acuerdo con los primeros reportes, el homicidio ocurrió en el interior de un taller mecánico ubicado en la comunidad de Yabteclum, donde sujetos armados le dispararon en siete ocasiones. Otras versiones apuntan a que el defensor pudo haber sido víctima de una emboscada cuando se dirigía a su domicilio.
Testimonios de habitantes de la zona señalan que los presuntos responsables escaparon en una motocicleta. Hasta el momento de los primeros reportes, la Fiscalía de Justicia Indígena no había informado oficialmente sobre las circunstancias del crimen, las diligencias realizadas ni la identidad de los posibles responsables.
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Reynaldo Pérez acompañaba a familias desplazadas y mujeres vulnerables
Durante más de diez años, Reynaldo Pérez trabajó en la defensa de los derechos humanos y acompañó a familias desplazadas de las comunidades de Santa Martha y Chenalhó, quienes permanecen refugiadas en Polhó. En su labor, también denunció presuntos actos de hostigamiento contra estas poblaciones.
Su trabajo incluyó la mediación en el conflicto agrario entre Aldama y Chalchihuitán, así como su participación en movilizaciones y acciones de protesta en Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez.
A partir de 2024, el activista amplió su labor de acompañamiento a mujeres y menores de edad en situación de vulnerabilidad en el municipio de Pantelhó, donde continuó con su trabajo comunitario.
Tras conocerse el asesinato, uno de sus colaboradores, quien trabajó con él durante más de una década, confirmó su fallecimiento y manifestó temor de transitar por la carretera debido a la incertidumbre sobre las condiciones de seguridad en la región.
El homicidio se suma a un contexto marcado por conflictos territoriales, desplazamiento forzado y denuncias de hostigamiento contra comunidades indígenas y personas defensoras de derechos humanos.
Chiapas acumula asesinatos y agresiones contra defensores de derechos humanos
Registros de monitoreo independiente citados en reportes sobre violencia contra personas defensoras contabilizan entre 14 y 20 asesinatos de defensores de derechos humanos en Chiapas entre 2016 y 2026.
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A este panorama se añaden 156 ataques directos documentados entre enero de 2024 y mediados de 2025 por el Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas y organizaciones como Espacio OSC. Al menos cuatro de esos casos fueron homicidios.
Entre los crímenes que han marcado a las comunidades indígenas de Chiapas se encuentran los asesinatos del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, del catequista Simón Pedro Pérez López, del activista Sinar Corzo Esquinca y del dirigente indígena Noé Jiménez Pablo.
Estos casos han puesto de relieve los riesgos que enfrentan quienes acompañan a comunidades en situación de vulnerabilidad, denuncian abusos o participan en la defensa de los derechos colectivos.
Desplazamiento forzado y violencia en la región de Chenalhó
El asesinato de Reynaldo Pérez ocurre en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Chiapas, donde distintas comunidades han denunciado amenazas, agresiones y desplazamientos forzados.
En la región de Chenalhó, los conflictos territoriales y la violencia han obligado a familias indígenas a abandonar sus hogares y buscar refugio en otras localidades. Pérez había acompañado a algunas de estas familias y denunciado presuntos actos de hostigamiento en su contra.
En abril de 2026, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, advirtió que las agresiones contra quienes realizan esta labor continúan en México, pese a los esfuerzos de las autoridades. También llamó la atención sobre la situación que se vive en Chiapas.
El homicidio de Pérez vuelve a colocar en el centro del debate las condiciones de seguridad para los defensores indígenas y la necesidad de esclarecer las agresiones cometidas contra quienes acompañan a comunidades desplazadas y denuncian violaciones a los derechos humanos.
Hasta que las autoridades emitan información oficial sobre la investigación, las circunstancias del asesinato y la identidad de los responsables permanecen sin esclarecerse.