El pasado 22 de enero, el máximo tribunal confirmó la adquisición de nueve camionetas blindadas, una para cada ministro, con un costo aproximado de 1.7 millones de pesos por unidad, a tan solo cinco meses de que entrara en funciones la nueva integración de la Corte. En su momento, la SCJN justificó la compra por razones de seguridad y protección personal.
No obstante, ante las críticas ciudadanas, el Pleno acordó no hacer uso de los vehículos. En caso de que no sea posible su devolución, las unidades serán reasignadas a personas juzgadoras que realmente las requieran por motivos de seguridad.
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La Corte informó que este tema sería abordado en una conferencia de prensa realizada este lunes a las 9:00 horas.
Hugo Aguilar defiende seguridad, pero reafirma austeridad
Durante la conferencia, el ministro presidente Hugo Aguilar señaló que “la austeridad no es un acto simbólico” y subrayó que la nueva Corte busca un equilibrio entre seguridad y uso responsable de recursos públicos.
Aguilar explicó que los ministros reconocen que la protección personal no debe confundirse con lujos, y afirmó que se está cambiando la forma en que el Poder Judicial se relaciona con la ciudadanía.
“Vamos a funcionar con la debida austeridad en nuestras actividades cotidianas”, aseguró.
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El ministro presidente detalló que ya se inició un proceso administrativo para desincorporar las camionetas blindadas recientemente adquiridas.
Antecedentes del parque vehicular de la Corte
Aguilar recordó que desde agosto de 2010 se estableció que los ministros cuenten con medidas especiales de seguridad debido a la naturaleza de sus funciones, lo que incluyó el uso de vehículos blindados.
Hasta 2025 se han adquirido 43 vehículos de este tipo, aunque la nueva Corte recibió solo 39 unidades al inicio de su gestión. Las cuatro restantes, explicó, fueron adquiridas por la integración anterior y quedaron como parte de los haberes de retiro de algunos ministros.
“Fue un acuerdo del Pleno anterior que los ministros que se retiraban pudieran conservar los vehículos que tenían asignados”, precisó.
Con la llegada de la nueva integración, se decidió no usar camionetas Suburban por considerarlas ostentosas y se recurrió a otros vehículos, como Jeep. Sin embargo, varios de ellos estaban en mal estado o presentaban fallas mecánicas, lo que llevó a realizar análisis de riesgo con asesoría de órganos internos y autoridades de seguridad federal.
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Aunque dichos estudios derivaron en la renovación del parque vehicular, Aguilar reconoció que el mensaje enviado a la ciudadanía fue negativo, por lo que se optó por no utilizar las nuevas camionetas.
Finalmente, aclaró que si bien cada ministro puede decidir sobre su propia movilidad, la seguridad de sus colegas es una responsabilidad institucional y los principios de austeridad no afectarán el funcionamiento del Poder Judicial.