Guanajuato, Gto.- La autonomía es una cosa, los excesos son otra, comentó Giovanni Camacho, estudiante y activista de la Universidad de Guanajuato (UG), en respuesta al comunicado emitido por la propia institución donde se expuso que la autonomía universitaria de alguna manera exime a la máxima casa de estudios de la entidad de cumplir con la nueva ley de pensiones federal, que busca eliminar las llamadas ‘pensiones doradas’ para ex funcionarios públicos.

El estudiante de la carrera de Economía comentó que, tal como se ha presentado ya en otras instituciones y organismos, es necesario cambiar ciertas cosas al interior de universidades como la de Guanajuato.

“Y creo que, al igual que como se hizo con la reforma del Poder Judicial o las reformas que ha tenido el Instituto Nacional Electoral, es necesaria también una reforma interna en las universidades públicas, porque también dentro de las universidades ocurre corrupción. Sí tendrán mucha autonomía, pero en lo ético y en lo moral, no están cumpliendo…”, sentenció.

El estudiante de la carrera de Economía comentó que, tal como se ha presentado ya en otras instituciones y organismos, es necesario cambiar ciertas cosas al interior de universidades como la de Guanajuato.

Ante defensa de pensiones, estudiante UG reitera lucha por eliminar cuotas de inscripción

Giovanni Camacho comentó que la mayoría de los beneficiados son ex rectores o personas cercanas a ellos, lo que complica mucho que la universidad pueda eliminar estos beneficios en algún momento.

“No quieren tocar al antiguo status quo de la universidad porque, obviamente, las personas que gozan de estas pensiones son allegados a ex rectores o son los mismos ex rectores”, dijo.

No obstante, Giovanni Camacho explicó que, si bien se ha criticado que haya gastos innecesarios o superfluos al interior de la organización administrativa de la Universidad de Guanajuato, su propuesta en búsqueda de la eliminación universal del arancel de inscripción en la institución no busca reducir el presupuesto de la misma, sino que los gobiernos federal y estatal absorban el monto anual que la UG percibe por este concepto, que en 2025 superó los 161 millones de pesos.

Giovanni Camacho asegura que la eliminación de inscripciones en la UG se puede solventar con apoyo del gobierno federal y estatal

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