Guanajuato, Guanajuato.- El informe “Desapariciones en México 2026“, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala a Guanajuato como una de las regiones más vulnerables ante el fenómeno del reclutamiento forzado de menores. Según el organismo, este mecanismo de “leva” moderna se concentra especialmente en el corredor industrial y zonas aledañas, afectando la seguridad de las familias en municipios clave para la economía del estado.
El diagnóstico advierte que en localidades como León, Celaya, Irapuato, Apaseo el Grande, Salamanca y Yuriria, los grupos criminales han institucionalizado la desaparición de jóvenes para integrarlos a sus filas. Esta dinámica no solo busca fortalecer el brazo operativo de las organizaciones delictivas, sino que funciona como una estrategia de control social que desarticula el tejido comunitario desde las edades más tempranas.
A este respecto, el informe subraya que el reclutamiento no es un hecho aislado, sino una práctica sistemática donde el crimen organizado aprovecha la vulnerabilidad socioeconómica de las zonas periféricas del corredor industrial. La CIDH destaca que la desaparición de menores en estos contextos suele derivar en trabajos forzados que van desde la vigilancia (“halconeo“) hasta la ejecución de delitos de alto impacto, convirtiendo a la juventud guanajuatense en un recurso explotable por los carteles en disputa.
Asimismo, la Comisión hace un llamado urgente a implementar políticas de protección que consideren las causas diferenciadas de riesgo desde una perspectiva de género. El reporte indica que, mientras los hombres adolescentes son reclutados principalmente para tareas operativas y de choque, las desapariciones de niñas y mujeres jóvenes en la entidad también están estrechamente vinculadas a redes de trata y explotación, lo que agrava la crisis de derechos humanos en la región.
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Dinámicas de violencia y casos de alto impacto
Además del reclutamiento, la CIDH documenta la persistencia de la violencia contra las familias que emprenden labores de búsqueda. El informe destaca el caso de la familia Barajas Piña en Salvatierra: tras el hallazgo de la maestra María Guadalupe en una fosa clandestina con otros 80 cuerpos en 2021, su hermano Javier Barajas fue asesinado meses después. Este ciclo de violencia culminó en el desplazamiento forzado de sus padres y la reciente liberación de uno de los sospechosos en abril de 2025.
Asimismo, se menciona la desaparición de la buscadora Lorenza Cano Flores en Salamanca y el asesinato de sus familiares como un ejemplo de la “extrema peligrosidad” que enfrentan los colectivos en la zona. Ante este escenario, el informe resalta que Guanajuato cuenta con 14 personas buscadoras bajo el amparo del Mecanismo de Protección Federal, siendo la segunda entidad con más beneficiarios en el país.
Respuesta institucional y programas de atención
No todo el balance es negativo. La CIDH reconoce avances significativos en el marco jurídico local, señalando que Guanajuato ya ha armonizado su ley estatal con la Ley General y ha eliminado términos ambiguos como “persona no localizada” para agilizar las investigaciones.
En el ámbito de la reparación integral, el reporte subraya la labor del Hospital Materno de Celaya, que opera un programa especializado en salud mental y acompañamiento psicosocial para familias de desaparecidos. También se menciona la participación activa del estado en las mesas de diálogo para la construcción de una Ley de Memoria a nivel nacional.
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El vacío en el mapa estadístico
En el cierre del informe, surge un contraste relevante entre los hallazgos cualitativos y la representación cuantitativa. Mientras la CIDH incluye mapas generales de incidencia donde aparecen estados como Baja California y Chihuahua (con cifras que rondan las 4 mil víctimas), Guanajuato no figura en dicho mapeo estadístico nacional a pesar de su alta densidad de casos.
De acuerdo con los datos más recientes del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), Guanajuato reporta un acumulado de 5 mil 608 personas desaparecidas y no localizadas. Esta cifra oficial sitúa a la entidad por encima de los estados previamente mencionados, evidenciando una brecha entre la documentación de casos emblemáticos y la integración de la estadística total del estado en el diagnóstico global del organismo internacional.