Guanajuato, Guanajuato.- Aunque el sector de la construcción respaldó la iniciativa legal para incorporar materiales reciclados en la obra pública de Guanajuato, dirigentes empresariales advirtieron que la medida provocará sobrecostos presupuestales y topará con la falta de tiraderos oficiales en la mayoría de los 46 municipios del estado.
El marco legal debe clarificar el financiamiento
En la mesa de trabajo de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Medio Ambiente, el vicepresidente de Obra Pública de la CMIC Guanajuato, Antonio Sierra, expuso que antes de hacer obligatoria la reutilización de escombros, el marco legal debe clarificar el financiamiento para los procesos de trituración y separación en las obras. “Todavía tenemos municipios donde ni tiradero municipal hay, todo esto requiere un esfuerzo y un costo adicional. También necesitamos ver la parte de economías y cómo se van a pagar todos estos trabajos, porque sí son trabajos adicionales y cuestan“, subrayó el dirigente, al precisar que mientras el asfalto fresado en carreteras es viable, la demolición urbana encarece los costos de operación.
A las observaciones técnicas se sumaron representantes del Colegio de Ingenieros Civiles, quienes señalaron que municipios de alta densidad como León presentan saturación operativa al operar con un solo tiradero autorizado para escombros. “León necesita ya cuatro tiros oficiales porque solamente tenemos uno, y cada que llueve no se puede accesar y ahí están formadas las filas de camiones que no pueden tirar; y si no tiras ahí y no te dan el volante oficial, no te pagan la obra“, manifestaron los especialistas, alertando además que la tierra fértil extraída de excavaciones se desperdicia al mezclarse con escombro común.
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En respuesta a los señalamientos de los contratistas, la diputada panista María Isabel Ortiz Mantilla defendió la adición del artículo 48 Bis a la Ley de Obra Pública del Estado y los Municipios, promovida por el PAN y la representación del PRD, señalando que la norma busca frenar el daño ambiental y los tiraderos clandestinos en carreteras. Ortiz Mantilla refirió que en municipios como Valle de Santiago proliferan montículos de escombros extraídos de forma ilegal del área natural protegida de las Siete Luminarias, por lo que propuso que las empresas que certifiquen materiales sustentables reciban mayor puntuación en los procesos de licitación pública.
La reunión técnica de Comisiones Unidas concluyó con el acuerdo de turnar a la Secretaría Técnica las observaciones sobre costos, gradualidad operativa y pruebas de laboratorio, a fin de ajustar el proyecto de dictamen legislativo que revisarán los órganos legislativos con la participación de la diputada petista Carolina León Medina y la panista María Isabel Ortiz Mantilla.