Guanajuato, Guanajuato.- La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Guanajuato acordó avanzar en el dictamen positivo de dos reformas legales impulsadas por la bancada de Morena, orientadas a incorporar la figura de dignidad póstuma para evitar irregularidades en la entrega de restos humanos y a establecer el lenguaje incluyente en la ley burocrática estatal. Durante la mesa, el Poder Ejecutivo frenó cualquier intento de debilitar el cobro de pensiones alimenticias a trabajadores públicos.
En el primer asunto, el diputado David Martínez Mendizábal defendió la adición a la Ley de Víctimas para definir la dignidad póstuma como el trato respetuoso, considerado y libre de degradación hacia las personas fallecidas. Argumentó que el marco legal debe erradicar dilaciones injustificadas, notificaciones insensibles y entregas equivocadas de cuerpos a familias y buscadoras. Tanto la Consejería Jurídica del Ejecutivo como la Fiscalía General del Estado consideraron viable la propuesta y acordaron armonizar el concepto con los protocolos de búsqueda e identificación forense vigentes.
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Posteriormente, la comisión revisó la reforma a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, presentada por la diputada Plásida Calzada Velázquez, para sustituir términos de predominio masculino por expresiones como «personas servidoras públicas» y «personas trabajadoras», a fin de garantizar la igualdad sustantiva en la administración pública.
Durante el análisis laboral, la Consejería Jurídica y la Secretaría de las Mujeres respaldaron la adopción del lenguaje neutro, pero condicionaron su apoyo a mantener intocable, en el artículo 34, la retención expresa del salario por concepto de pensión alimenticia. Advirtieron que diluir ese apartado en una disposición judicial genérica pondría en riesgo la manutención de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, el Gobierno del Estado solicitó a los legisladores aprovechar el dictamen para depurar figuras jurídicas obsoletas que continúan en el texto legal, entre ellas las referencias al extinto Procurador General de Justicia, la Policía Ministerial, el Órgano de Fiscalización Superior y las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
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Al término de los trabajos, el presidente de la comisión, el panista Juan Carlos Romero Hicks, cerró las mesas al señalar que ambas iniciativas alcanzaron el consenso técnico y político necesario para que la Secretaría Técnica elabore los dictámenes, que posteriormente serán sometidos a votación en el Pleno.