Guanajuato, Gto.- La Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato analizó en mesa de trabajo la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, una propuesta que prevé cambiar de fondo cómo se imparte justicia en el estado y que busca que, para el año 2027, los ciudadanos elijan a jueces y magistrados mediante el voto popular.

El cambio más importante es que el actual Consejo del Poder Judicial desaparecerá para dividirse en dos: un órgano que se encargue de administrar el dinero y los recursos, y un Tribunal de Disciplina Judicial que servirá exclusivamente para vigilar y castigar a los jueces que no cumplan con su deber.

Durante la reunión, un grupo de jueces puso sobre la mesa un tema que generó debate: la creación de una “pensión complementaria”.

La iniciativa plantea crear nuevos órganos de vigilancia y administración dentro del Poder Judicial estatal.

Los jueces explicaron que hay un grupo de poco más de 30 juzgadores que, por su edad y el tiempo que llevan trabajando, podrían quedar desprotegidos con el nuevo modelo. Ante esto, la Secretaría de Finanzas y la Consejería Jurídica advirtieron que no se ha calculado cuánto le costaría al estado pagar estas pensiones ni cuánto dinero extra se necesita para operar los nuevos tribunales, por lo que pidieron un análisis profundo antes de aprobar cualquier gasto.

Morena y PAN confrontan posturas sobre la reforma

En la parte política, las posturas quedaron muy marcadas. Por un lado, los diputados de Morena, David Martínez y Abraham Sotomayor, defendieron que el nuevo Tribunal de Disciplina debe ser totalmente independiente y que sus decisiones no puedan ser modificadas por el Supremo Tribunal, asegurando que así se garantiza que realmente se castigue a quien actúe mal. Además, celebraron que se facilite que más personas participen en las elecciones judiciales al pedir solo un año de residencia en el estado, tal como se hace a nivel nacional.

Por el contrario, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Susana Bermúdez y Rolando Fortino, mostraron preocupación y pidieron prudencia. Su argumento es que todavía hay juicios pendientes en la Suprema Corte de Justicia que podrían echar atrás partes de la reforma, por lo que consideran arriesgado apresurarse a copiar un modelo federal que aún no ha demostrado funcionar.

La mesa de trabajo terminó con el acuerdo de revisar los números y las leyes técnicas para evitar que Guanajuato caiga en una parálisis o en un desfalco económico por las nuevas reglas de justicia.

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