Guanajuato, Guanajuato.- Durante las mesas de trabajo de las comisiones de Seguridad Pública y Gobernación del Congreso local, el Poder Ejecutivo frenó las iniciativas presentadas por las bancadas de Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Verde (PVEM) por invasión de competencias e inconstitucionalidad, dando luz verde únicamente a la propuesta de Morena para fortalecer el combate a la extorsión.
El rechazo institucional más enérgico se dio en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales frente a las reformas a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado, impulsadas por Movimiento Ciudadano (MC) para desaparecer a la Fiscalía General del Estado (FGE) y sustituirla por una Secretaría de Justicia.
Ante los legisladores Juan Carlos Romero Hicks (PAN), María Eugenia García (Morena) y Rodrigo González (MC), las autoridades estatales y la propia Fiscalía calificaron el proyecto emecista como inconstitucional: “La pretensión trastocaría el diseño constitucional federal (…) por lo cual consideramos que estas iniciativas resultan inviables”, sentenció la representación de la FGE. Pese a ello, el emecista Rodrigo González defendió su proyecto argumentando que el modelo autónomo actual fracasó, ya que “la ciudadanía no se acerca al Ministerio Público a denunciar porque mucha gente dice que va a perder su tiempo“.
Ejecutivo declaró inviables dos iniciativas de reforma
En esa misma comisión, el Ejecutivo declaró inviables dos iniciativas de reforma a la Constitución Política estatal que buscaban ampliar el derecho a la protección a la salud y garantizar cirugías y medicamentos gratuitos. La autoridad argumentó que esa garantía ya existe a nivel federal y debe reglamentarse en la Ley General de Salud, aunque legisladoras como Maribel Aguilar (Morena) defendieron que el marco local puede ampliar el régimen de derechos de sus habitantes.
Por otro lado, en la Comisión de Seguridad Pública, encabezada por los legisladores José Erandi Bermúdez (PAN) y Rolando Fortino Alcántar (PAN), el Ejecutivo dio el visto bueno a la reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, impulsada por Morena, para tipificar nuevas modalidades de extorsión y armonizarla con el marco federal. Se coincidió en la urgencia del tema luego de que Ángel Osorio, asesor parlamentario de Morena, revelara en su exposición que Guanajuato registró “mil 344 víctimas en los primeros 11 meses del 2025“.
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Sin embargo, en esa misma mesa se desecharon otras dos propuestas normativas. La iniciativa del Partido Verde Ecologista (PVEM) para reformar la Ley de Protección Civil para el Estado, la Ley de Salud, la Ley de Protección y Preservación del Ambiente y el Código Territorial, con el fin de prohibir detonaciones pirotécnicas ruidosas, fue desestimada por la Consejería Jurídica. La vocería estatal recordó que el control de la pólvora es una facultad exclusiva de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos a cargo de la Sedena.
Finalmente, la propuesta para expedir la nueva Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Estado de Guanajuato y sus Municipios fue frenada. El Ejecutivo concluyó que dotar al Gobierno Estatal de facultades para suspender eventos invade la autonomía de los ayuntamientos; un choque normativo que fue reconocido por el propio legislador Erandi Bermúdez (PAN), al admitir que el proyecto choca frontalmente con la reglamentación municipal vigente.