Guanajuato, Gto.– Durante las mesas de análisis en el Congreso del Estado, avanzó el consenso entre las bancadas para endurecer los castigos y aplicar cárcel automática a extorsionadores. En contraste, una iniciativa de Morena para que la Procuraduría de Derechos Humanos investigue a particulares y un proyecto del Partido Revolucionario Institucional para crear un juicio de amparo estatal quedaron estancados tras recibir advertencias técnicas de invadir competencias federales.
Durante la revisión jurídica, la Comisión de Gobernación ratificó que es viable modificar las leyes de Guanajuato para igualarlas con la Constitución Federal y castigar con mayor dureza el delito de extorsión.
La diputada del Partido Acción Nacional, María Isabel Ortiz Mantilla, advirtió que la extorsión busca someter a la población a través del miedo.
“La propuesta es un mensaje muy claro de que en Guanajuato no se puede normalizar la extorsión y se tienen que seguir construyendo las condiciones jurídicas para que quienes amenazan, intimidan y se aprovechan del miedo encuentren un Estado capaz de responder”, expuso.
Por su parte, la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Rocío Cervantes Barba, indicó que este delito paraliza el desarrollo de los municipios porque obliga a familias y comerciantes a cerrar sus negocios ante el temor de perder su patrimonio.
Iniciativas de Morena y PRI quedan bajo análisis
En una mesa de trabajo paralela, la propuesta de la diputada de Morena, Plásida Calzada Velázquez, para permitir que la Procuraduría de Derechos Humanos (PRODHEG) investigue abusos cometidos entre ciudadanos particulares se topó con el rechazo técnico de los especialistas del gobierno estatal.
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Aunque la legisladora morenista argumentó que los abusos no solo provienen de las autoridades, sino también de desigualdades económicas o violencia familiar, asesores legales señalaron que la medida violaría el artículo 102 de la Constitución Federal.
La legisladora priista Rocío Cervantes Barba cuestionó la iniciativa al advertir que los conflictos entre ciudadanos ya se resuelven en otras instancias.
“Convertir a la Procuraduría en una instancia investigadora de conflictos entre particulares implicaría duplicar funciones de los juzgados civiles y penales”, indicó.
Tras las críticas, la iniciativa quedó paralizada en la mesa técnica para su posterior dictaminación.
En otro frente legislativo, el proyecto impulsado por Cervantes Barba para crear un “juicio de amparo local” también generó resistencia. La legisladora defendió la figura como una vía judicial necesaria para que los ciudadanos defiendan los derechos exclusivos de la Constitución del estado.
Sin embargo, investigadores legislativos advirtieron que intentar replicar el juicio de amparo a nivel estatal podría generar choques y contradicciones legales con el Poder Judicial de la Federación.
Ante la advertencia de fragmentar el sistema de justicia nacional, la propuesta quedó en análisis para buscar alternativas que no invadan las leyes federales.
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