El juez de distrito Richard G. Stearns resolvió que el gobierno no presentó pruebas suficientes para demostrar una violación vigente de las leyes federales de derechos civiles. En su fallo, explicó que la demanda estaba sustentada principalmente en hechos ocurridos durante el ciclo escolar 2023-2024 y algunos incidentes aislados de marzo de 2025.
De acuerdo con el magistrado, los casos señalados fueron “demasiado aislados y episódicos” para acreditar un patrón persistente de discriminación o una vulneración continua de los derechos civiles dentro de la universidad ubicada en Cambridge, Massachusetts.
Hasta el momento, ni la Universidad de Harvard ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos han emitido una postura pública sobre la resolución judicial.
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La acusación del gobierno de Trump contra Harvard
La demanda fue presentada después de las manifestaciones propalestinas que se extendieron por diversas universidades estadounidenses tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.
La administración de Donald Trump acusó a Harvard de no actuar para proteger a estudiantes judíos, al asegurar que fueron víctimas de acoso, agresiones físicas, persecuciones e incluso escupitajos durante las protestas.
Como parte de esa estrategia legal, el gobierno buscaba recuperar miles de millones de dólares en subvenciones federales destinadas a investigación, argumentando que la universidad incumplió con las obligaciones establecidas en el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, normativa que prohíbe la discriminación por motivos de raza u origen nacional.
Harvard defendió las medidas implementadas
Tras la presentación de la demanda, Harvard sostuvo que mantiene un compromiso con la seguridad y el bienestar de los integrantes de su comunidad judía e israelí.
El presidente de la institución, Alan M. Garber, informó que la universidad creó un grupo de trabajo especializado para combatir el antisemitismo, además de implementar cambios administrativos y fortalecer sus políticas disciplinarias con el objetivo de responder de forma más efectiva a situaciones de discriminación.
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Las medidas incluyeron el nombramiento de nuevos responsables académicos y la actualización de los protocolos internos para atender denuncias relacionadas con actos de hostigamiento.
Un conflicto que va más allá de esta demanda
La resolución representa un nuevo episodio dentro del prolongado enfrentamiento entre la Casa Blanca y Harvard.
Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, su administración ha impulsado diversas acciones contra la universidad, entre ellas intentos por reducir el financiamiento federal para investigación y limitar la admisión de estudiantes extranjeros y miembros de las Fuerzas Armadas.
En otro litigio relacionado, un juez federal ordenó previamente restituir más de 2 mil 600 millones de dólares en recursos federales que habían sido retirados a Harvard, al considerar que el gobierno impuso condiciones inconstitucionales y utilizó las acusaciones de antisemitismo como argumento para justificar un trato diferenciado hacia la institución.
Aunque ambas partes mantuvieron conversaciones para alcanzar un acuerdo, la presentación de esta demanda evidenció que las negociaciones no prosperaron. Con el fallo emitido este jueves, la universidad obtiene una nueva victoria judicial frente a la administración estadounidense.