El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) identificó cinco empresas que recibieron contratos por aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos del instituto y de organismos electorales locales, en un esquema de contrataciones cuyos antecedentes se remontan a administraciones anteriores, según su titular, Víctor Hugo Carvente Contreras.
Durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el funcionario informó que existen 18 expedientes relacionados con contrataciones de la administración de Guadalupe Taddei.
De ellos, 13 permanecen en investigación y cinco avanzaron a procedimientos de responsabilidades administrativas. Carvente subrayó que todavía no existen resultados definitivos y que los hallazgos deben analizarse conforme al debido proceso.
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Contralor del INE sitúa antecedentes desde 2014
Carvente sostuvo que las contrataciones cuestionadas no corresponden exclusivamente a la gestión actual. Según su exposición, desde 2014 y hasta 2025 se identificaron empresas con vínculos entre sus socios o representantes legales y personas relacionadas con funcionarios electorales.
Las cinco proveedoras mencionadas fueron:
- Cajas Graft.
- Corporativo Zeg.
- Comercializadora JVLY.
- Formas Finas y Materiales.
- Seriplast de México.
El contralor señaló que estas compañías obtuvieron contratos de material electoral tanto en el INE como en organismos públicos locales electorales, conocidos como OPLE.
También afirmó que se encontraron coincidencias entre accionistas, apoderados y representantes legales de distintas empresas, así como posibles vínculos entre participantes en procedimientos de contratación que requieren ser esclarecidos.
Cinco expedientes avanzaron por posibles conflictos de interés
Respecto de los casos vinculados con la administración de Taddei, el titular del OIC explicó que cinco expedientes llegaron a la etapa de responsabilidades, con citatorios para las audiencias iniciales y la formulación de imputaciones administrativas.
En esos asuntos se señalaron posibles conductas de actuación bajo conflicto de interés y ocultamiento de conflicto de interés.
De acuerdo con su exposición, los casos fueron turnados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia competente para resolver sobre faltas administrativas graves.
El avance de los procedimientos no equivale a una resolución que determine responsabilidad. Carvente insistió en que no divulgaría identidades, pruebas ni detalles de los expedientes que pudieran afectar las investigaciones.
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Sobreprecios, incumplimientos y documentación irregular
Entre los hallazgos preliminares descritos por el funcionario se encuentran:
- Posibles sobreprecios en contratos.
- Incumplimientos en la entrega de bienes o servicios.
- Inconsistencias en información presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
- Datos presuntamente falsos sobre el número de trabajadores.
- Posibles vínculos entre empresas participantes para distribuirse contrataciones.
Carvente indicó que la fiscalización concluirá en noviembre de 2026 y que las observaciones que queden firmes se publicarían en el portal de transparencia a principios de enero.