Guanajuato, Guanajuato.- La sustitución de unidades del transporte público en Guanajuato capital, mediante la entrada de la empresa Transporte Empresarial del Bajío (TEB) tras un operativo de revista mecánica contra las unidades de la familia Ávalos, ha detonado cuestionamientos legislativos sobre los procesos administrativos y la transparencia de las acciones municipales.
El diputado del Partido Acción Nacional Juan Carlos Romero Hicks sostuvo que cualquier decisión gubernamental debe cumplir con la debida fundamentación y motivación. Ante el litigio que mantiene la familia Ávalos con el municipio por la convocatoria de concesiones, Romero Hicks señaló que es necesario revisar el expediente para evaluar la legalidad del relevo de unidades. “Si por un lado hay litigios, por otro lado hay la previsión de una vida útil de una unidad, hay criterios contables de depreciación de estas unidades. Habría que revisar el expediente”, dijo.
El legislador recordó que, bajo la legislación de transparencia vigente desde 2003, la información sobre estos actos administrativos es pública: “Todas las actuaciones de la autoridad deben ser transparentes. Y por principio en la ley que nosotros promovimos desde julio de 2003, hace 21 años, toda la información es pública salvo dos excepciones: uno, la información reservada que tiene que fundarse y motivarse, que en este caso no aplicaría, y segundo, la información confidencial que se refiere a datos personales de salud o de la vida privada de las personas que tampoco aplicaría. Entonces todo es sujeto a transparencia y rendición de cuentas“.
Falta de estrategia y posible omisión de la autoridad de municipal
Por su parte, la diputada Sandra Alicia, de Movimiento Ciudadano, cuestionó la falta de estrategia y la posible omisión de la autoridad municipal. Señaló que el gobierno local utilizó el argumento de un amparo federal para paralizar el servicio anteriormente y, tras la crisis, otorgó permisos temporales a TEB. “Me resulta muy extraño que de repente hace unas semanas salió y dijo que ya no podía hacer que el gobierno municipal no podía hacer absolutamente nada porque estaba este amparo y de repente pues resultó que sí, que sí podían hacer algo“, declaró. La legisladora subrayó la falta de capacitación de los operadores de la nueva empresa y anunció que solicitará formalmente al municipio los estudios técnicos, los términos de la contratación por 30 días y la justificación legal de estos permisos, enfatizando que las autoridades deben demostrar que las decisiones se tomaron con base en la ley y no como una reacción de emergencia.
El diputado morenista, Carlos Abraham Ramos Sotomayor, vinculó a la empresa TEB con intereses políticos del Partido Acción Nacional, señalando antecedentes de la misma en Irapuato y cuestionando la adjudicación de contratos. “Es muy evidente que hay un trasfondo político, en este caso de Acción Nacional de intereses particulares. Es muy evidente… Entonces hay que… hay un trasfondo de negocios oscuro que tiene color azul y que tiene nombre que se llama TEB“, afirmó. Ramos Sotomayor detalló que la empresa participó anteriormente en el arrendamiento de patrullas en Irapuato bajo procesos que, a su juicio, deben ser revisados. Aunque mencionó que no ha presentado un punto de acuerdo formal, aseguró que la Comisión de Hacienda debe revisar este caso: “teniendo antecedentes de lo que precisamente se había hecho, podemos volver a revivir el tema“.
Guanajuato
Ante baja de camiones, llega nueva empresa de trasporte público en Guanajuato capital
La llegada de TEB a la capital, con unidades modelo 2023 rotuladas con la campaña “Me Late Guanajuato Capital“, ocurre mientras la administración municipal intenta cubrir un déficit que, según diversas fuentes, asciende a 105 unidades, mientras persiste el amparo federal que mantiene suspendida la convocatoria para la asignación definitiva de concesiones.
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