Joaquín “El Chapo” Guzmán volvió a insistir ante la justicia de Estados Unidos en su intención de regresar a México.

El exlíder del Cártel de Sinaloa envió una nueva carta al juez federal Brian Cogan, responsable de dictarle cadena perpetua en 2019, en la que asegura que no existen razones legales para mantenerlo preso en territorio estadounidense.

Se trata de la séptima carta enviada en menos de un mes, en una estrategia con la que busca reabrir el debate sobre su situación jurídica y las condiciones en las que permanece encarcelado.

En el documento, redactado el pasado 7 de mayo, Guzmán Loera sostiene que nunca cometió delitos contra ciudadanos o instituciones de Estados Unidos. También acusa al gobierno mexicano de responsabilizarlo por hechos violentos ocurridos en el país. La carta fue enviada desde la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, donde permanece bajo estrictas medidas de aislamiento desde hace varios años.

El narcotraficante también retomó reclamos relacionados con el proceso judicial que enfrentó en Nueva York. Entre ellos, señaló supuestas dificultades para acceder a documentos vinculados con el juicio y restricciones para comunicarse con su equipo legal. Parte de la misiva contiene frases confusas debido al limitado manejo del inglés por parte de Guzmán, aunque insiste en que no existieron pruebas suficientes para acreditar daños contra Estados Unidos.

El juez Brian Cogan ya había rechazado anteriormente solicitudes similares presentadas por Guzmán. En una resolución reciente, el magistrado indicó que los argumentos expuestos carecen de fundamentos legales y no modifican la sentencia dictada hace seis años. Hasta ahora, las cartas enviadas por el exjefe criminal no han generado cambios en su situación penitenciaria ni en el proceso judicial que enfrenta en territorio estadounidense.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no admitir un amparo promovido por la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con el que buscaba denunciar presuntas violaciones a sus derechos humanos por parte de autoridades de Estados Unidos.

La resolución de la Suprema Corte dejó firme el criterio de tribunales inferiores que ya habían rechazado el recurso. Los ministros determinaron que el juicio de amparo en México únicamente puede utilizarse contra actos de autoridades nacionales, por lo que no es posible revisar decisiones tomadas por instituciones extranjeras. Con ello, el máximo tribunal evitó entrar al análisis de fondo sobre las acusaciones presentadas por la defensa del exlíder del Cártel de Sinaloa.

Los abogados de Guzmán argumentaban que, después de su extradición en 2017, su cliente sufrió irregularidades como incomunicación, aislamiento excesivo y limitaciones para recibir asesoría jurídica. Sin embargo, la Corte concluyó que aceptar este tipo de revisiones violaría principios relacionados con la soberanía entre países y la no intervención en asuntos de otro Estado.

Desde su condena en Estados Unidos, Joaquín Guzmán ha mantenido una serie de recursos legales y quejas sobre las condiciones en las que permanece recluido. Entre sus principales inconformidades destacan las restricciones para recibir visitas, la vigilancia permanente y el reducido contacto con otras personas dentro de la prisión. Pese a ello, ninguna de sus acciones legales ha logrado modificar la sentencia ni abrir la puerta a una eventual repatriación a México.