Guanajuato, Guanajuato.- Para evitar que el relevo de juzgadores se convierta en un proceso sin control, la diputada local panista Susana Bermúdez Cano presentó la iniciativa de su grupo parlamentario para homologar la Reforma Judicial federal en Guanajuato, pero introduciendo candados locales como comités de evaluación estrictos, paridad de género y la creación de una comisión coordinadora que vigile el profesionalismo de los aspirantes. Además, la propuesta plantea que la primera elección de jueces y magistrados en el estado se realice hasta el año 2028.
La legisladora señaló que la reforma busca dar orden y viabilidad a los tribunales del estado para resolver sus conflictos con apego a la ley, garantizando que el Poder Judicial local mantenga su independencia y autonomía frente a los cambios políticos.
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“La justicia no es una concesión del poder; es la garantía más importante que tiene la ciudadanía frente al poder mismo. (…) La iniciativa que hoy presentamos las personas diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional va más allá de homologar las disposiciones constitucionales federales; pretende establecer las condiciones necesarias para que su implementación en nuestro estado se realice con orden, con certeza jurídica y con viabilidad operativa”, apuntó Bermúdez Cano.
Entre los principales candados que propone la iniciativa se encuentran el fortalecimiento del Tribunal de Disciplina Judicial y del órgano de administración de justicia, así como reglas claras que obliguen a separarse de su cargo a quienes aspiren a una posición distinta. También se plantea integrar una Comisión Coordinadora encargada de unificar los criterios y metodologías con los que los comités locales evaluarán a las candidaturas bajo principios de transparencia y paridad de género.
Bermúdez Cano defendió que programar la primera elección local de juzgadores para 2028 dará el tiempo suficiente para redactar las leyes secundarias, capacitar al personal electoral y judicial, y prever los recursos presupuestales necesarios sin colapsar el sistema de justicia.
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“En Guanajuato elegimos fortalecer el Estado de derecho, elegimos respetar y proteger la autonomía judicial, elegimos privilegiar la certeza jurídica. La iniciativa constitucional que hoy presentamos es una obligación jurídica, pero la manera en que la implementemos es una decisión política”, concluyó.