La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro e incluye a 21 personas y 25 empresas. Entre los señalados también se encuentra Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, a quien las autoridades estadounidenses identifican como líder de Los Mayos.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la red tiene presencia particularmente en Baja California, donde sus actividades estarían relacionadas con los corredores de Tijuana y Mexicali y con operaciones de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción.
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¿De qué acusa EU a Carlos Torres?
El Departamento del Tesoro sostiene que Carlos Torres utilizó su influencia política para facilitar las actividades de Los Mayos y proteger al Cártel de Sinaloa de acciones gubernamentales y de seguridad en Baja California.
Según el señalamiento estadounidense, Torres habría recibido pagos periódicos para permitir que la organización criminal operara con relativa libertad en la entidad.
Su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, es señalado por la OFAC como el encargado de recibir parte de esos recursos y presuntamente canalizarlos mediante empresas y campañas políticas.
Las acusaciones forman parte de una acción financiera del Gobierno estadounidense y, por sí mismas, no constituyen una sentencia penal contra las personas designadas.
La designación también se produce después de que Estados Unidos revocara en 2025 la visa de Carlos Torres. El Departamento del Tesoro señala ahora que aquella medida estuvo relacionada con lo que describe como su afiliación y trabajo en favor del Cártel de Sinaloa.
Exjefe de Seguridad de Mexicali también es sancionado
La operación de OFAC alcanzó además a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Mendívil habría recibido sobornos de Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, identificado como dirigente de Los Rusos, una facción vinculada con Los Mayos en Mexicali.
El Departamento del Tesoro sostiene que esos pagos tenían como objetivo permitir que la organización criminal ejerciera influencia sobre la Policía Municipal, facilitara actividades de narcotráfico y realizara acciones contra grupos rivales.
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La dependencia también incluyó en la lista a Rafael Buenrostro Martín, a quien relaciona con operadores políticos y con presuntas actividades destinadas a favorecer los intereses de integrantes de la estructura criminal.
Otro de los sancionados es Diosvany Samuel Chapotín Villalba, señalado por las autoridades estadounidenses por actividades relacionadas con el tráfico de cocaína, metanfetaminas y otras drogas, además de lavado de dinero.
“Mayito Flaco”, entre los principales objetivos
Uno de los nombres centrales de la nueva ronda de sanciones es Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.
El Departamento del Tesoro lo identifica como el actual dirigente de Los Mayos, después de la detención de su padre en julio de 2024. Estados Unidos también sostiene que Zambada Sicairos enfrenta acusaciones federales por narcotráfico y lavado de dinero y que permanece prófugo en México.
La OFAC sostiene que la estructura encabezada por “Mayito Flaco” mantiene operaciones relacionadas con el tráfico de drogas y que utiliza redes financieras, empresariales y de corrupción para sostener sus actividades.
Las sanciones de este martes buscan afectar precisamente esos mecanismos de financiamiento y facilitación.
¿Qué implica la sanción de OFAC?
La inclusión en la lista de la OFAC tiene consecuencias principalmente financieras. Los bienes y participaciones que las personas y empresas designadas tengan bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.
Además, en términos generales, las personas y compañías estadounidenses tienen prohibido realizar determinadas operaciones con los sancionados. Las instituciones financieras extranjeras que participen en ciertas transacciones relevantes también pueden quedar expuestas a sanciones estadounidenses.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que la acción busca dejar claro que los integrantes de organizaciones criminales, funcionarios señalados por corrupción y facilitadores financieros pueden ser objeto de medidas por parte de esa dependencia.