San José Iturbide, Gto.- La Diócesis de Celaya decretó el 17 de marzo de 2017 la expulsión del estado clerical del sacerdote Constantino “N”, tras un procedimiento eclesiástico relacionado con la denuncia por abuso sexual presentada por Jorge, quien era menor de edad cuando ocurrieron los hechos denunciados.
De acuerdo con una copia del decreto penal administrativo proporcionada a Periódico Correo, la resolución fue emitida por el entonces obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, y certificada por el canciller diocesano Juan Galván Sánchez.
El documento formalizó la máxima sanción canónica contra el sacerdote y fundamentó la decisión en disposiciones del Código de Derecho Canónico, así como en la normativa de la Iglesia Católica relativa a los delitos sexuales cometidos contra menores.
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La resolución se produjo después de que Jorge expusiera personalmente su denuncia ante el entonces obispo en 2016, lo que derivó en un proceso penal eclesiástico vinculado con la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el Vaticano, bajo el expediente Prot. N. 383/2016-59082.
Acorde al documento, el decreto establece que Constantino “N” había sido removido de su cargo como párroco desde diciembre de 2016 y que, previamente a la resolución definitiva, se le había impuesto una suspensión provisional que le impedía ejercer funciones sacerdotales y de gobierno eclesiástico.
Posteriormente, mediante el decreto del 17 de marzo de 2017, la Diócesis determinó su dimisión del estado clerical, medida conocida comúnmente como pérdida del sacerdocio.
La resolución sustentó esta determinación en la gravedad de los hechos considerados dentro del procedimiento eclesiástico y en las disposiciones canónicas aplicables.
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Ordenan atención integral para la víctima
Entre los puntos establecidos en el decreto también se contempló que el sacerdote y la Diócesis de Celaya garantizaran y cubrieran la atención psicológica y terapéutica integral de Jorge.
Esta obligación debía mantenerse hasta que los especialistas determinaran que la atención había concluido y que las secuelas habían sido atendidas.
Asimismo, la resolución incluyó disposiciones relativas a las necesidades básicas de subsistencia del sacerdote, en caso de que careciera de medios propios, conforme a las normas eclesiásticas citadas en el decreto.
Cabe mencionar que el documento también señala que los efectos de la sanción comenzarían una vez que el acusado fuera formalmente notificado. También contemplaba la posibilidad de presentar los recursos correspondientes ante las autoridades eclesiásticas competentes del Vaticano, del cual no se tiene información si se presentó algún recurso contra la resolución.
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Vinculan a proceso a “padre Tino”
Constantino “N”, conocido como el padre Tino, fue vinculado a proceso en noviembre de 2025 por presuntos delitos de violación, abuso sexual y corrupción de menores.
La denuncia pública señala que los hechos ocurrieron durante aproximadamente cuatro años, cuando la víctima tenía 11 años y era monaguillo en la comunidad de San Sebastián del Salitre, en San José Iturbide.
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