1.- Guanajuato: Alerta de Género por negligencia propia

 
 

Desde que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a cargo de Rosario Piedra Ibarra formuló la solicitud de Alerta por Violencia de Género (AVG) para Guanajuato, concretamente para nueve municipios, las motivaciones político partidistas estaban manifiestas como lo están ahora cerca de que este instrumento se declare.

Sin embargo, cuando hablamos del fenómeno en sus diversas manifestaciones y cómo estas han rebasado a las estructuras gubernamentales estatales, la verdad es que no podría haber más condiciones para que la AVG se active con una actualización de las diversas violencias a las que están expuestas las mujeres en la vida diaria de Guanajuato.

Esta circunstancia quedó plasmada de forma vívida en el informe que presentó Guanajuato sobre la implementación de las 19 recomendaciones para atender la solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, entregado al grupo de trabajo sobre la alerta en noviembre de 2023 y que desde entonces debió hacerse público.

Lo que respondió la administración estatal en el recopilatorio coordinado por la directora del Instituto de las Mujeres Guanajuatenses (IMUG), Anabel Pulido Hernández, refleja que el paradigma establecido para atender la violencia se ha agotado. Reuniones petit comité, mesas de trabajo virtuales, spots de radio, inserciones y boletines aislados. Lo mismo de siempre pero en el marco de la AVG.

Del interior de la Comisión Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra la Mujer (CONAVIM) ha trascendido el total convencimiento para declarar la AVG. De entrada, los indicadores que se asignó el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo deben revisarse pues ubican metas obvias como el número de reuniones o mesas de trabajo realizadas y no el resultado que de ellas emanen.

La aportación de los municipios fue paupérrima. La solicitud de la AVG se centró en la violencia feminicida en Celaya, Cortazar, Guanajuato, Irapuato, León, Salamanca, Silao de la Victoria y Valle de Santiago, pero el grupo de trabajo agregó los municipios de Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Dolores Hidalgo, Pénjamo, Salvatierra, Juventino Rosas y Villagrán.

El informe está plagado de fotografías sobre supuestos eventos de orientación y concienciación, algunos más de reparto de volantes y hasta alguna rueda de prensa. En realidad los resultados concretos obtenidos por la realización de estas actividades no se especifican, pero sí las numeralias de rigor sin indicadores que permitan verificarlas.

También hay revelaciones importantes , pero incluso dan mayor incertidumbre. Advirtieron que la Fiscalía General del Estado (FGE) no garantiza sus investigaciones por feminicidio pues todo apunta a la existencia de “cifras alternas por la errónea clasificación de los delitos”, por las que se propuso una metodología para la revisión de las carpetas ¿se imagina usted semejante ejercicio con esta FGE?

2.- Municipios y la ASEG, como llamadas a misa

 
 

¿Qué esperanzas podríamos tener de que los gobiernos municipales acepten y acaten recomendaciones sobre derechos humanos, sino estos no acatan ni las de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG)? La duda asalta ante la estadística oficial que Correo difunde hoy como su nota principal.

El órgano que encabeza Javier Pérez Salazar liberó un documento que pretende medir el “impacto y trascendencia de la fiscalización” y la respuesta es clara: solo una de cada 20 recomendaciones derivadas de las revisiones ordinarias a los municipios es acatada y cumplida.

Pero el caso omiso que los municipios hacen de las revisiones de la ASEG es sintomático de las excesivas, a veces ilegales, licencias que se otorgan so pretexto de la autonomía municipal, además de una dañina tendencia a solapar acciones anómalas de gobiernos pasados, o en caso contrario el no responsabilizarse de agravias anteriores.

El caso es que tomando en cuenta sólo las revisiones ordinarias a la cuenta pública de los 46 municipios en 2022, se emitieron 258 observaciones y 321 recomendaciones, de las cuales hasta el momento sólo 28 han sido atendidas. Una estadística que debería ser insumo primordial para efectuar las reformas que le den peso a los resultados que presenta la ASEG, pero la atención está en otro lado.

Tampoco se puede dejar de lado la superficialidad de estos informes que, sin bien indican anomalías sistémicas, en realidad no alcanzan a reflejar los patrones de comportamiento y mucho menos casos concretos que al final se pierden en el universo de las cifras. Aquí sin duda, hay trabajo de sobra para el Sistema Estatal Anticorrupción.

3.- Y las extorsiones, llegaron al Cubilete

 
 

El hecho de que este sexenio se haya catapultado la cifra de denuncias por el delito de extorsión en Guanajuato, definitivamente no podría justificarse únicamente por el aumento de la denuncia, o de plano en la supuesta percepción de que el ciudadano “ya confía más en la justicia”. Hoy brotan los testimonios de víctimas de este delito en lugares cada vez más diversos.

Sí Guanajuato se precia de ser un polo turístico, la circunstancia anteriormente descrita debe ser una preocupación primaria ante los testimonios que llegaron a Correo sobre los hechos de violencia y casos de cobro de piso que ya se estarían cometiendo en las inmediaciones del camino de ascenso al cerro de El Cubilete, ni más ni menos que uno de los símbolos guanajuatenses en el corazón del estado.

Imagine usted negocios que tienen que cerrar a las 6 de la tarde en comunidades como Aguas Buenas, Baños de Aguas Buenas y La Montaña, incluso cuando los visitantes mantienen actividades en la zona, sólo por el riesgo de ser víctimas de la delincuencia. Son 10 kilómetros hacia la cima de Cristo Rey, que ya parece estar al acecho de grupos criminales.

Le mecánica ya es desafortunadamente conocida, no sólo en Guanajuato sino en diferentes plazas turísticas de México, pues se trata de negocios de artesanías, dulces y comida a los se les pide el pago del derecho de piso, a cambio de protección. Un proceder que se repite y se normaliza en playas, centros ecoturísticos y demás complejos de visitantes.

Las cifras son elocuentes y urgen atención. En el primer semestre de 2024 se registraron 468 casos de investigación por extorsión a nivel estatal, son 82 más que en 2023. En Silao se registraron 28 carpetas de investigación, más del doble que las registradas en el primer semestre de 2023. Así que los focos rojos ahí están.

CONTRA RETRATO

 
 

Jaime Rochín del Rincón

Las carencias y los condicionamientos presupuestarios por poco provocan su renuncia. Un diálogo con la entonces secretaria de gobierno Libia Dennise García Muñoz Ledo, lo evitó e incluso derivó en un somero incremento que sigue siendo insuficiente ante el nivel de la tragedia de la violencia en Guanajuato. El problema es que las necesidades no terminan.

Jaime Rochín del Rincón ha estado al frente de una Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) que, en los hechos se refleja, fue creada a regañadientes. Sin los recursos necesarios a la mano, ha tenido que sortear las dificultades burocráticas así como la larga lista de peticiones de una concentración de víctimas cada vez más grande.

Resulta que en el contexto de la solicitud de la Alerta por Violencia de Género (AVG), se ha pedido un plan de atención a hijas, hijos de víctimas de feminicidio y víctimas indirectas de la desaparición forzada, pero que tendría que mantenerse activo para estos hasta cumplidos los 18 años.

Se trata de un gasto que la CEAIV de Rochín del Rincón está tratando de escatimar desde el principio, que en los hechos, es una renuncia a la gestión de más y mejores recursos para atender a una población creciente de agraviados por la criminalidad en Guanajuato. Necesariamente tendría que crearse un fondo etiquetado y el funcionario estatal está evitando esa lucha.

Quizá sea el momento de jugarse el resto y cuestionar el destino de los recursos utilizados por otras entidades como la FGE, que también ejercen recursos en atender a víctimas del delito. Una duplicidad de funciones que lejos de ayudar a la CEAIV, le achican su margen de maniobra.