Guanajuato, Guanajuato.- La Secretaría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato se encuentra elaborando un diagnóstico integral para reformar y regular los centros de rehabilitación de adicciones en la entidad, buscando que su operatividad se alinee estrictamente a un enfoque de respeto a las garantías individuales y a la legalidad en materia de salud.
Tras ser cuestionada sobre los internamientos involuntarios en estos espacios y los amparos promovidos por algunas organizaciones, la titular de la dependencia, Liz Alejandra Esparza Frausto, reconoció la complejidad del tema y la desesperación de las familias que recurren a estas medidas, pero enfatizó la urgencia de establecer una normativa correcta: ”Sabemos que este tema es muy delicado (…) las personas no se encuentran quizás en una situación voluntaria para decidirse, pero justo es ahí lo que tenemos que regular. Mientras operen con todas las regulaciones y en el respeto a los derechos humanos, no tendría que caer en estas situaciones“, señaló Esparza Frausto.
No tiene la facultad directa de atender denuncias o quejas
Asimismo, la Secretaria aclaró que, al ser la dependencia una entidad administrativa dependiente del Poder Ejecutivo, no tiene la facultad directa de atender denuncias o quejas por anomalías en dichos centros. Precisó que la instancia idónea para estos casos es la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), organismo autónomo que cuenta con las atribuciones para conminar a los establecimientos ante cualquier vulneración.
Respecto al reciente operativo que detectó a un grupo de 30 menores trabajando en las calles de la capital, donde, de acuerdo con lo informado por el Secretario de Seguridad Ciudadana, Luis David Gamba Castillo, se retiró a 30 niñas y niños provenientes de Dolores Hidalgo que eran explotados laboralmente en el centro histórico con la venta de artesanías y dulces sin vigilancia parental, Esparza Frausto informó que la secretaría a su cargo no ha intervenido directamente, pero forma parte de una comisión del SIPINNA enfocada en la niñez en movilidad.
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Explicó que la atención de la niñez trabajadora compete de forma directa a los municipios a través de las Procuradurías Auxiliares de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Subrayó que actualmente se vive una transición institucional donde estas instancias operan de manera independiente a los sistemas DIF locales: “El DIF atiende temas de asistencia; la Procuraduría de Protección en cada municipio. Casi todos los municipios están por completar o tener sus procuradurías independientes externas a los sistemas DIF, lo que vendrá a beneficiar la atención especializada”, detalló la funcionaria estatal.