La sesión está programada para las 9:00 horas y tendrá como objetivo que los legisladores cuestionen al responsable del órgano de control interno sobre sus funciones y las investigaciones en curso, entre ellas las relacionadas con un organismo público local electoral (OPLE).
Herrera Borunda explicó que envió un oficio para citar al funcionario y que, tras conversar con él, recibió una respuesta favorable a la convocatoria. Debido al interés de ambas comisiones, se prevé realizar una comparecencia conjunta.
El diputado señaló que la mesa directiva definirá el formato de participación, aunque adelantó que su propuesta contempla varias rondas de preguntas y réplicas para que intervengan los distintos grupos parlamentarios.
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Diputados plantean comparecencia con rondas de preguntas
El presidente de la Comisión de Vigilancia indicó que busca una sesión dinámica en la que las bancadas puedan formular cuestionamientos, recibir respuestas y plantear nuevas preguntas conforme avance la discusión.
La intención, explicó, es que los legisladores cuenten con elementos suficientes para evaluar el trabajo del OIC y ejercer sus facultades de control parlamentario.
Herrera Borunda sostuvo que la comparecencia permitirá revisar la actuación de los órganos encargados de vigilar y fiscalizar el uso de los recursos públicos, pues consideró que el Congreso tiene la responsabilidad de supervisar a quienes realizan esas tareas.
ASF entregará informes de la Cuenta Pública
La agenda del viernes también contempla la presentación de los Informes Individuales de la Cuenta Pública por parte del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien tiene la obligación legal de entregar esos documentos el 30 de octubre.
El legislador señaló que la coincidencia de ambas actividades permitirá abordar el trabajo de los órganos de control interno y externo. También anticipó que los diputados podrían preguntar al auditor sobre las investigaciones relacionadas con el OPLE.
De acuerdo con Herrera Borunda, la ASF ya inició diligencias y ha enviado diversos requerimientos de información tanto a autoridades como a particulares. No obstante, los resultados de esas indagatorias deberán conocerse conforme avance el procedimiento correspondiente.
Reforma amplía las facultades de investigación de la ASF
El diputado destacó que la reforma que entró en vigor en mayo de 2026 modificó los tiempos y las facultades de actuación de la Auditoría Superior de la Federación en materia de investigación de posibles faltas administrativas.
Según explicó, el nuevo marco permite que la ASF inicie investigaciones de manera inmediata, ya sea a partir de una denuncia ciudadana o por iniciativa propia. También contempla la realización de investigaciones forenses.
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Herrera Borunda contrastó este mecanismo con el procedimiento anterior, en el que podían transcurrir varios periodos de revisión y aclaraciones antes de que los expedientes llegaran al área investigadora y, eventualmente, se presentaran denuncias ante las autoridades administrativas o penales.
El legislador afirmó que la modificación legal busca evitar demoras y facilitar que los posibles hechos irregulares sean investigados con mayor oportunidad. También estimó que la indagatoria en curso podría arrojar resultados en un plazo aproximado de seis meses, aunque ese cálculo corresponde a su expectativa y no constituye una fecha oficial de conclusión.
Investigación sobre material electoral y posibles sobreprecios
Otro de los asuntos que podrían abordarse durante las reuniones legislativas es el costo del material electoral. Herrera Borunda consideró necesario realizar un estudio de mercado que permita comparar los precios de los insumos y determinar si existen diferencias injustificadas.
El diputado planteó que la revisión debe sustentarse en pruebas y datos verificables para establecer si hubo posibles sobreprecios en la adquisición de materiales destinados a los procesos electorales.
Al mismo tiempo, sostuvo que no considera que las elecciones estén en riesgo por esta situación, pues, según indicó, la licitación del material electoral aún no se lleva a cabo.
Sus declaraciones colocan el foco en la necesidad de esclarecer los costos y las condiciones de contratación, sin anticipar conclusiones sobre posibles irregularidades antes de que las investigaciones concluyan.