Guanajuato, Guanajuato.- “El Estado no es una audiencia vulnerable ni un sujeto que requiere protección frente al ejercicio público”, advirtió el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks al denunciar, en la Diputación Permanente, los intentos del Gobierno federal por utilizar las leyes de telecomunicaciones y los derechos de las audiencias para callar a la prensa crítica.
Al abordar el debate en Asuntos Generales, el legislador albiazul remarcó que las libertades consagradas en el artículo sexto constitucional jamás se diseñaron para blindar a las autoridades:
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“La libertad de expresión y los derechos de las audiencias no fueron concebidos para garantizar al Gobierno inmunidad frente a lo que se dice de él”.
Romero Hicks acusó que, cuando el poder presidencial o cualquier autoridad pretende convertir una crítica periodística en una disputa legal, distorsiona el orden democrático:
“Quien debe rendir cuentas comienza a exigir protección frente a quien tiene derecho a exigirlas. La discusión consiste en proteger el espacio público de la tentación de convertir al Gobierno en actor, en árbitro y en parte agraviada”.
En respuesta, el diputado de Morena, David Martínez Mendizábal, rechazó que exista una intención de censura desde el régimen federal y defendió que la ley solo busca transparencia ciudadana:
“Lo que se está solicitando son dos cosas que todo medio debería tener: que especifique cómo la audiencia va a intervenir en su derecho a reivindicar y que publique su código de ética; el Gobierno no va a ser juez de contenidos”. Asimismo, desvió el debate hacia el plano estatal al señalar que en 2024 Guanajuato encabezó el gasto publicitario en el país, con más de 2 mil millones de pesos en medios.
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Al retomar la palabra, Romero Hicks atajó el argumento y reiteró que la ciudadanía no requiere que el poder tutele la información para acallar voces incómodas:
“Por supuesto que hay que proteger a las audiencias, pero ¿quién protege a las audiencias desde el poder? Los ciudadanos no necesitan esa forma de protección”. Con ello, sentenció que ninguna autoridad puede actuar simultáneamente como fiscal y juez de la libertad de expresión.