La resolución representa un revés para la Fiscalía, que durante la audiencia defendió el no ejercicio de la acción penal, postura que fue señalada por víctimas y sus representantes como un intento de dar “carpetazo” a las denuncias.
El fallo se produjo tras la impugnación presentada por sobrevivientes de presuntos abusos dentro de la organización religiosa, quienes han denunciado la existencia de una red de delitos que incluiría trata de personas, explotación sexual, pornografía infantil y lavado de dinero en los niveles más altos de la iglesia.
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Entre los testimonios destacan los de Sochil Martin y Sharim Guzmán, quienes han participado como testigos clave en procesos judiciales en Estados Unidos, donde Naasón Joaquín García cumple una condena superior a 16 años de prisión por delitos sexuales contra menores. Ambos han insistido en que las investigaciones en México no han abordado la dimensión completa de la presunta estructura criminal.
Durante la audiencia, la representación de la FGR sostuvo su decisión de no proceder penalmente e incluso solicitó al juez validar el cierre de la carpeta, pese a compromisos públicos previos de autoridades federales para reabrir el caso.
Sin embargo, tras analizar los argumentos de las víctimas y sus asesores legales, el juez de control determinó revocar dicha resolución y ordenó continuar con las diligencias, lo que obliga al Ministerio Público a profundizar en las líneas de investigación relacionadas con delincuencia organizada.
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El caso también ha evidenciado presuntas omisiones en materia de cooperación internacional. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, autoridades mexicanas no habrían atendido solicitudes de información provenientes de instancias estadounidenses, incluyendo el Departamento de Justicia, la DEA, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Unidad de Inteligencia Financiera.
La reapertura del expediente coloca nuevamente al Poder Judicial como un actor clave en el proceso, al revertir una determinación ministerial y reabrir la posibilidad de que las víctimas accedan a justicia en México.
Con esta decisión, los denunciantes buscan que se investigue a todos los posibles implicados en la presunta red criminal y que se finquen responsabilidades más allá del líder religioso, cuyo caso ya ha sido sancionado en territorio estadounidense.