Guanajuato, Guanajuato.- El gobierno de Guanajuato justificó la entrega de calentadores solares a servidores públicos —una práctica prohibida en programas sociales— al argumentar que estos apoyos se otorgaron “bajo el principio de buena fe” y sin que existiera, en ese momento, una restricción expresa en las reglas de operación.
Este jueves, Periódico Correo reveló que al menos 223 servidores públicos fueron beneficiados con calentadores solares que debían destinarse a familias en condición vulnerable, reveló la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) durante la revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024.
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La observación exhibe que trabajadores del propio aparato gubernamental —incluyendo colaboradores del Poder Ejecutivo estatal, Poder Judicial, Poder Legislativo, organismos autónomos y gobiernos municipales— accedieron a apoyos financiados con recursos públicos pese a que la ley prohíbe expresamente entregar este tipo de beneficios a personas cuyos ingresos dependan del erario.
‘Fue de buena fe’, asegura gobierno de Guanajuato
A través de un posicionamiento oficial, la administración estatal respondió a la información publicada sobre las irregularidades detectadas en este programa durante los ejercicios 2023 y 2024, señalando que se trató de un esquema que benefició a más de 15 mil viviendas -la auditoría que hizo la ASEG refiere que se entregaron 9 mil calentadores- y que, en su conjunto, no generó daño al erario.
En el caso específico de los funcionarios públicos beneficiados, el gobierno reconoció que se identificaron 223 personas servidoras públicas que accedieron a los apoyos en 2023.
Sin embargo, sostuvo que el proceso de solicitud operaba entonces sin una prohibición explícita y bajo criterios de confianza, situación que —afirmó— fue corregida en 2024 con la incorporación de una restricción formal en las reglas de operación.
Sobre los señalamientos de la Auditoría Superior del Estado respecto a apoyos entregados a personas fallecidas, la autoridad estatal indicó que se trata de 11 casos en los que los beneficiarios murieron después de registrarse, pero antes de recibir el calentador.
En estos casos, aseguró, los equipos fueron entregados a familiares mayores de edad que habitaban en el mismo domicilio, con el fin de no frenar la logística del programa.
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El gobierno estatal insistió en que las reglas de operación vigentes en ese momento no contemplaban un procedimiento específico para este tipo de situaciones, por lo que las decisiones se tomaron con base en criterios operativos.
Finalmente, la administración estatal aseguró que se da seguimiento a las observaciones de la Auditoría Superior y que se han incorporado ajustes normativos y operativos para fortalecer la transparencia y el control en la aplicación de los recursos públicos.
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