Guanajuato, Guanajuato.- La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo envió una iniciativa al Congreso de Guanajuato para sancionar con penas de ocho a 15 años de prisión y multas de 80 a 150 días de salario a quienes obliguen a menores de edad a cohabitar o vivir en pareja con adultos. La propuesta tipifica como delito grave la unión forzada con una persona menor de 18 años y sanciona tanto al adulto que cohabite con la víctima como a quienes acuerden, faciliten o pacten su entrega.
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El documento remitido al Poder Legislativo establece que este delito será imprescriptible y se perseguirá de oficio por el Ministerio Público, sin que el consentimiento de la víctima o de su familia extinga la responsabilidad penal. Asimismo, las penas aumentarán hasta en una mitad, por lo que podrían alcanzar hasta 22 años y seis meses de prisión, cuando quienes promuevan o consientan la unión sean los padres, tutores, custodios o familiares directos, así como cuando la víctima pertenezca a comunidades indígenas o afromexicanas.
La reforma incluye, además, obligaciones directas para el sector salud, al establecer que cualquier clínica u hospital, público o privado, deberá reportar de manera obligatoria e inmediata al Ministerio Público y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes cuando brinde atención médica a menores de edad embarazadas o con sospechas de encontrarse en uniones forzadas. La iniciativa puntualiza que el personal médico no podrá condicionar, retrasar ni negar los servicios de salud por motivos relacionados con la denuncia o la investigación.
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El proyecto fue turnado a las comisiones unidas de Justicia y de Salud Pública para su estudio y dictamen.
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