Salamanca, Gto.- El abogado y líder migrante Omar Silva Aguilar dijo que el combate al lavado de dinero, al financiamiento ilícito y al crimen organizado es legítimo y necesario; sin embargo, dicho combate debe desarrollarse bajo principios de legalidad, proporcionalidad, debido proceso y no discriminación. Los trabajadores migrantes mexicanos no pueden ser tratados como sujetos sospechosos por el simple hecho de enviar dinero a sus familias.
Así opinó ante el reciente endurecimiento de las medidas de vigilancia financiera impulsadas por el gobierno del presidente Donald Trump respecto de las remesas enviadas desde Estados Unidos hacia México, y lo que dijo obliga a un análisis serio, técnico y jurídicamente responsable. El debate no puede reducirse a una narrativa política simplista. Las remesas constituyen un fenómeno económico, social y humano de enorme relevancia para ambas naciones.
Este dijo que su propuesta es tener una agenda binacional para crear una mesa de remesas seguras, con participación de autoridades regulatorias, consulados, organizaciones migrantes y expertos financieros, así como el fortalecimiento de Finabien, la tarjeta para el bienestar, a través de la cual se pueden enviar remesas seguras, entre otras medidas, siempre que las disposiciones regulatorias respeten principios de legalidad y no discriminación.
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“Las remesas representan trabajo, esfuerzo y sostenimiento familiar. No deben ser vistas como amenaza, sino como un componente legítimo de la relación económica y humana entre México y Estados Unidos. La verdadera seguridad financiera no se alcanza criminalizando a los trabajadores migrantes; se alcanza mediante sistemas transparentes, cooperación bilateral efectiva, supervisión proporcional y fortalecimiento de canales formales como Finabien.
México tiene la oportunidad histórica de construir un modelo moderno de remesas seguras, trazables y financieramente incluyentes. Estados Unidos, por su parte, debe garantizar que sus mecanismos regulatorios respeten el debido proceso y eviten convertir el origen nacional o la condición migratoria en criterios automáticos de sospecha”.
El abogado integrante de la firma Mendoza Immigration dijo que el gobierno estadounidense, basándose en el marco jurídico aplicable, principalmente en la Bank Secrecy Act (BSA), la legislación antilavado de dinero (AML), las obligaciones de Know Your Customer (KYC) y las facultades regulatorias de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) —dependencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos—, ha emitido órdenes de focalización geográfica (Geographic Targeting Orders – GTOs) aplicables a determinados Money Services Businesses (MSBs), particularmente en la frontera suroeste, exigiendo mayores obligaciones de registro, verificación de identidad y reportes de operaciones en efectivo desde los mil dólares estadounidenses.
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Estas medidas buscan combatir estructuras de lavado de dinero vinculadas con organizaciones criminales transnacionales. No obstante, el reto jurídico consiste en evitar que una herramienta legítima de cumplimiento financiero termine generando efectos de discriminación indirecta o intimidación contra comunidades migrantes.
Precisó que, en la cooperación bilateral, México y Estados Unidos comparten obligaciones de colaboración en materia de prevención de lavado de dinero, combate al financiamiento ilícito y persecución de estructuras financieras criminales.
“Sin embargo, esta cooperación debe equilibrarse con la protección de derechos fundamentales, particularmente los principios de dignidad humana, igualdad, debido proceso y acceso al sistema financiero.
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Las remesas familiares no constituyen, por sí mismas, una actividad ilícita. Por el contrario, representan el producto del trabajo lícito de millones de personas migrantes que sostienen a sus familias y comunidades. México debe asumir una posición institucional seria: apoyar mecanismos de transparencia financiera, pero rechazar cualquier intento de criminalización generalizada de las remesas o de los trabajadores migrantes”.
Agregó que la supervisión financiera no debe concentrarse exclusivamente en pequeños remitentes de remesas. Los mayores estándares regulatorios deben dirigirse hacia grandes intermediarios financieros, bancos, transmisores de dinero y operadores que administran volúmenes masivos de recursos. Toda institución financiera que participe en flujos transfronterizos debe estar sujeta a auditorías regulatorias robustas y a estándares estrictos de prevención de lavado de dinero, entre otros.