La crudeza de ese diagnóstico refleja una tensión que recorre toda la política de seguridad en la región: la urgencia electoral de reducir la violencia visible desplaza sistemáticamente las reformas de fondo que harían sostenible cualquier mejora en las condiciones de detención. Vidaurri, cuyo trabajo sobre instituciones democráticas y Estado de derecho en América Latina es referente en debates académicos y de política pública, parte de la premisa de que las condiciones carcelarias no son un problema sectorial sino un indicador del estado general del Estado de derecho en cada país.
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Marian Vidaurri analiza las causas del colapso carcelario
La crisis no responde a un único factor. La investigadora identifica una combinación de elementos que se refuerzan mutuamente: ineficiencias en los sistemas judiciales, capacidad estatal limitada para financiar infraestructura penitenciaria adecuada y ausencia de políticas orientadas a la rehabilitación. Bolivia, Haití y Guatemala se encuentran entre los países con peores índices en el ranking de justicia criminal del World Justice Project, lo que afecta directamente, entre otras dimensiones, a la calidad de las condiciones de reclusión.
Las normas internacionales establecen principios básicos para el trato digno de las personas privadas de libertad, pero en la práctica esas disposiciones se incumplen de forma sistemática. Vidaurri es directa al respecto: “No hay garantías para proteger y defender los derechos de los individuos encarcelados.” Con esa afirmación señala la distancia que separa los marcos legales formales de la realidad cotidiana en los centros penitenciarios de la región, y pone el foco en la fragilidad del Estado de derecho como origen del problema, no solo como contexto.
Los límites de los modelos de reforma y el caso de El Salvador
El debate sobre qué modelos de reforma son replicables en América Latina pasa inevitablemente por la comparación con sistemas penitenciarios europeos como el noruego, conocido por su enfoque en la rehabilitación. Sin embargo, Vidaurri advierte que “Noruega no tiene las tasas de homicidio de América Latina ni enfrenta las mismas limitaciones de financiamiento público”, lo que hace difícil trasladar ese modelo a contextos con restricciones estructurales de otra magnitud.
El caso de El Salvador ilustra un enfoque radicalmente distinto. Las políticas de encarcelamiento masivo implementadas en los últimos años han logrado reducir las tasas de criminalidad y han generado un respaldo popular amplio. Sin embargo, esa reducción ha tenido un costo en materia de libertades civiles y Estado de derecho: el Ejecutivo ha acumulado control sobre otras ramas del gobierno, lo que plantea preguntas de fondo sobre el respeto a los derechos humanos y la viabilidad a largo plazo de esas políticas. Para Vidaurri, la conclusión es clara: reducir los homicidios a costa de las instituciones democráticas tendrá un alto precio social en el largo plazo, porque la seguridad pública sin libertad ni democracia no es seguridad genuina.
Para avanzar hacia reformas sostenibles, la investigadora de Cornell subraya la necesidad de adoptar un compromiso integral que incluya la modernización de la infraestructura penitenciaria, el fortalecimiento de la formación del personal y la implementación de programas efectivos de rehabilitación, junto con la colaboración con organismos internacionales y la adopción de mejores prácticas regionales. En el marco interamericano, la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH tiene un papel central en el monitoreo de la situación y la propuesta de medidas correctivas, aunque el éxito de esas iniciativas depende en última instancia del compromiso de los gobiernos nacionales para implementarlas.
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Quién es Marian Vidaurri
Marian Vidaurri es doctora en relaciones internacionales, académica, politóloga y economista con 20 años de experiencia en gobernanza democrática, política pública e instituciones multilaterales en América Latina y el Caribe. Desde agosto de 2025 es Research Associate en el Cornell Center on Democracy de la Universidad de Cornell, donde desarrolla proyectos de investigación sobre democracia y programas de educación y participación cívica. Además, es Lecturer de Democracia y Política Pública en el campus de Cornell en Washington, DC. Fue Inaugural Fellow del Latin American Studies Initiative (LASI) de Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS) durante el año académico 2025/26. Desde 2017 es voluntaria en el Centro de Cultura, Arte, Trabajo y Educación (CCATE) en Norristown, Pensilvania.