Durante un posicionamiento realizado en la Ciudad de México, la mandataria panista sostuvo que el citatorio emitido por la autoridad federal forma parte de una estrategia para convertirla en acusada dentro de investigaciones recientes relacionadas con operativos de seguridad y presuntos vínculos con el crimen organizado.
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“Se me cita bajo la simulación de ser testigo, pero con la finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpada”, declaró Campos, quien además acusó irregularidades legales y violaciones a la protección constitucional que le otorga su cargo como titular del Ejecutivo estatal.
La gobernadora acudió acompañada por dirigentes y representantes del Partido Acción Nacional (PAN), desde donde recibió respaldo político frente a las investigaciones impulsadas por la FGR. En su mensaje, afirmó que desde hace semanas existe una intención de “torcer la Ley” para perseguirla políticamente.
Campos defendió además la estrategia de seguridad implementada en Chihuahua y aseguró que su administración ha colaborado de manera abierta con las autoridades federales en distintos operativos contra el narcotráfico.
Según dijo, el conflicto se intensificó tras el aseguramiento de un presunto narcolaboratorio en territorio chihuahuense, situación que —afirmó— habría afectado intereses vinculados al crimen organizado.
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“Están molestos porque les afectamos un negocio”, expresó la mandataria, quien también lanzó críticas contra Morena y el Gobierno federal por, presuntamente, actuar con parcialidad frente a otros casos relacionados con delincuencia organizada.
Sin mencionar directamente a Rubén Rocha Moya, Campos señaló que existen funcionarios cercanos al oficialismo que reciben un trato distinto pese a enfrentar señalamientos desde Estados Unidos por presuntos nexos con grupos criminales.
“Mientras a una servidora y al Estado de Chihuahua se nos persigue sin pruebas, a otros con vínculos con el narcotráfico se les da impunidad y entrevistas amigables”, sostuvo.
La gobernadora también aclaró que no compareció formalmente ante la FGR, sino que únicamente respondió por escrito al oficio mediante el cual fue requerida en calidad de testigo. Según explicó, su defensa jurídica señaló diversas inconsistencias en el procedimiento y reiteró que cuenta con fuero constitucional.
Por su parte, Jorge Romero Herrera aseguró que la gobernadora no tenía obligación legal de acudir y acusó a las autoridades federales de ignorar el marco jurídico vigente.
El dirigente panista adelantó además que el PAN realizará actos de respaldo político en Chihuahua durante los próximos días y no descartó movilizaciones de “resistencia civil pacífica” si continúan las acciones contra la mandataria estatal.
Romero también rechazó versiones sobre una presunta participación de agentes estadounidenses en operativos realizados en Chihuahua y afirmó que ninguna autoridad mexicana ha confirmado oficialmente la intervención de integrantes de la CIA en territorio estatal.