Guanajuato, Guanajuato.- “Cuando hay voluntad y prisa, nadie cuestiona de dónde saldrá el recurso ni qué leyes van a reformar para que esto se realice. Y ahí está el caso, volvemos al caso de la Tarjeta Rosa, que sin estar en el presupuesto o en la ley, se implementó de un día para otro”. Con este contraste, la diputada Hades Aguilar Castillo expuso cómo el Gobierno del Estado mantiene frenada la entrega de la pensión universal para personas con discapacidad de entre 30 y 64 años, recurriendo a plazos y prórrogas judiciales para postergar un derecho que impacta a cerca de 92 mil guanajuatenses.
En rueda de prensa, la bancada de Morena, acompañada por Miguel Morales, uno de los ciudadanos que promovió los juicios de amparo contra el Estado, evidenció que la Secretaría de Derechos Humanos justifica la falta de cobertura bajo el argumento de diseñar un “modelo propio“, a pesar de que el convenio con la Federación se firmó desde diciembre de 2021.
Aguilar Castillo calificó las respuestas gubernamentales como evasivas y reveló que el propio Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (INGUDIS), organismo rector en la materia, desconocía el acuerdo formalizado: “El INGUDIS ni siquiera sabía del convenio que firmó Diego Sinhue con el gobierno federal. Ni sabía, y eso lo supimos por medio de una solicitud de transparencia en el 2022. Para mí es una burla lo que le contestan, que están en una ‘lista de espera’“. Por su parte, el diputado David Martínez Mendizábal exhibió un oficio enviado el pasado 8 de mayo por Liz Alejandra Esparza Frausto, titular de la Secretaría de Derechos Humanos, a la Comisión de Hacienda y Fiscalización. El legislador detalló que el documento dedica las primeras cinco hojas a criticar el esquema federal para justificar la falta de reglas de operación locales en Guanajuato: “Actualmente se encuentra en análisis un esquema que permita atender dicha problemática… La finalidad es construir un modelo de coordinación que reconozca por primera vez de manera expresa la identidad jurídica de las personas con discapacidad bajo certificado electrónico de discapacidad“, cita el oficio del Ejecutivo estatal leído por el diputado. Al respecto, Martínez Mendizábal reviró: “Llevan cinco años tratando de encontrar este modelo que sea la mejor vía… lo que consideramos que son excusas. Exigimos que no se hagan guajes y que respondan a los derechos de las personas con discapacidad“.
Uno de los afectados firmantes de los amparos relató el proceso
Miguel Morales, uno de los afectados firmantes de los amparos, relató el proceso de desgaste institucional tras recibir respuestas que solo los colocan en una lista de espera. “Estamos exigiendo algo que por ley nos pertenece y que Gobierno del Estado nos ha estado negando por años. Tuvimos que recurrir primero a ampararnos para que nos pudieran otorgar la pensión… y nada más nos están dando largas. Si formáramos parte de su agenda nosotros no tendríamos que estar ni en esta conferencia de prensa, ni en unos amparos, ni en solicitudes”, manifestó.
Esta exposición se da luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso dictaminara en sentido negativo, por una votación de 3 contra 2, dos puntos de acuerdo que buscaban exhortar al Ejecutivo a frenar las impugnaciones legales contra los amparos ciudadanos.
La votación de estos dictámenes dividió a la representación del PAN en la comisión. Mientras la diputada Ana María Esquivel Arrona y el legislador Óscar Enrique González Espinosa votaron en contra de los exhortos argumentando que el Ejecutivo ya analiza una reforma integral, su compañero de bancada, Jesús Hernández Hernández, rompió la línea y votó a favor de las propuestas de Morena: “Aunque es diputado panista, él ha vivido la situación que vive Miguel y que viven estas 92 mil personas.
Pone por encima de los intereses de un partido las necesidades de las personas con discapacidad“, señaló la diputada Hades Aguilar respecto al voto de Hernández. El diputado David Martínez Mendizábal añadió que este posicionamiento “devela un resquebrajamiento profundo” dentro de Acción Nacional entre quienes votan por convicción y quienes buscan “cuidarle las espaldas a la gobernadora“.
Finalmente, Francisco Escamilla, asesor de la bancada, precisó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH), la pensión federal permitió que el ingreso trimestral promedio de las personas con discapacidad en Guanajuato pasara de 10 mil pesos en 2018 a 20 mil 100 pesos en 2024. Sin embargo, el estado mantiene una brecha respecto a la media nacional (20 mil 782 pesos), lo que atribuyen a los 92 mil ciudadanos desatendidos por el presupuesto estatal.
Vida Pública
15 reformas modificarán la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos en Guanajuato ¿en qué consisten?
Cubrir la contraparte económica que le corresponde al Gobierno del Estado para consolidar la universalidad del programa implicaría, según los exponentes, un impacto financiero estimado en 1 mil 800 millones de pesos anuales. Los ponentes recalcaron que dicha cifra representa menos de la mitad de lo invertido en programas sociales estatales como la Tarjeta Rosa.