Celaya, Guanajuato.- Luego de que este lunes se sacaron de circulación alrededor de 30 camiones de la empresa Ómnibus Urbanos y Suburbanos S.A. de C.V. en Celaya, que están fuera de vida útil, los concesionarios tramitaron un amparo contra la medida para evitar que sus unidades dejen de trabajar; este sería el segundo recurso que promueven en los últimos cuatro años.
Además, alrededor de 12 operadores, acompañados por los representantes legales de la empresa, se presentaron en la Presidencia Municipal para exigir al alcalde, Juan Miguel Ramírez, que les informe quién contratará a los choferes que se quedaron sin trabajo desde este lunes.
Previo a acudir a la Presidencia Municipal y solicitar una audiencia con el presidente municipal, los representantes legales de la empresa presentaron un amparo en el Sexto Juzgado de Distrito, ya que el pasado viernes la autoridad municipal les notificó que debían sacar de circulación las unidades que están fuera de vida útil.
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Cabe recordar que, en la pasada Revista Mecánica realizada por la Dirección de Movilidad, la empresa Ómnibus Urbanos y Suburbanos presentó 49 unidades, de las cuales solo cinco aprobaron y 44 reprobaron; del total de vehículos evaluados, 26 están fuera de vida útil.
En días pasados, las autoridades municipales informaron que se sacarían de circulación de manera definitiva 41 camiones de transporte público propiedad de 13 empresas concesionarias. Y ya lo cumplieron: el pasado viernes notificaron a Ómnibus Urbanos y Suburbanos S.A. de C.V. que tenía un día natural para retirar sus unidades de circulación.
“Esta autoridad ha identificado de manera fehaciente que diversas unidades han excedido el límite de vida útil autorizado para su operación. En virtud de lo anterior, y con el imperativo legal de salvaguardar la seguridad e integridad de las personas usuarias, garantizar la calidad en la prestación del servicio y asegurar el irrestricto cumplimiento de la normatividad vigente en la materia, por este conducto se le requiere formalmente para que proceda al retiro inmediato de circulación de las unidades que se encuentran fuera del parámetro de vida útil permitida. Para dar cumplimiento a lo anterior, se le concede un plazo improrrogable de un día natural”, señala el documento enviado el pasado viernes.
El representante legal de la empresa, Juan Manuel Acevedo Quiles, aseguró que los camiones solo exceden en cinco años el tiempo de vida útil permitido. Además, defendió que la empresa cuenta con un amparo tramitado en 2022, el cual les permitía que sus 90 camiones siguieran operando, aun cuando algunas unidades ya habían superado el límite de antigüedad.
Acevedo Aquiles aseguró que no han podido adquirir nuevos camiones porque el municipio no les ha otorgado sus concesiones desde hace 10 años, cuando vencieron en 2015.
El abogado explicó que el nuevo amparo se promovió por repetición del acto, ya que anteriormente habían tramitado este recurso legal para que se les permitiera mantener en circulación sus unidades.
La medida, según los transportistas, ha dejado sin servicio de transporte a diversas comunidades rurales y, además, pone en riesgo el sustento de más de 60 familias.
“Venimos a buscar al alcalde, principalmente para que me resuelva el problema de todos los operadores de la línea de Ómnibus Urbanos. Si van a pagar ellos los salarios o qué van a hacer, o qué vamos a hacer con toda la gente. Hoy ya no trabajaron. Esto le compete al gobierno porque es un acto ilegal; le corresponde al municipio reparar los daños que están ocasionando”, dijo Acevedo Aquiles.
El abogado explicó que se interpuso el recurso legal por “repetición del acto”. Sostuvo que el municipio incurrió en una flagrante violación a un juicio de amparo que ya les había sido concedido con anterioridad, por lo que acusan ilegalidad en los plazos y desacato judicial.
El apoderado legal de Ómnibus Urbanos y Suburbanos de Celaya, calificó el actuar de la Dirección de Movilidad como “totalmente ilegal y arbitrario”, ya que la notificación les fue entregada el pasado viernes otorgándoles un plazo de solo 24 horas para retirar los vehículos, un término que calificó de inválido al cruzar en días inhábiles (sábado y domingo).
“El juez federal de aquí de Celaya ya nos había concedido un amparo donde se establecía que no se podían sacar los camiones por la vida útil. Entonces están violando el amparo y esa es la violación que estamos haciendo valer ante el juzgado de distrito”, declaró Acevedo Quiles.
El abogado recordó que el primer amparo les fue otorgado con el fin de que se les restituyeran y entregaran los títulos de concesión para 90 unidades, un mandato que presuntamente fue ignorado por el gobierno municipal mediante “maquinaciones y artificios”, lo que derivó en una denuncia penal federal que continúa en trámite ante el Ministerio Público Federal.
Al ser cuestionado sobre las condiciones físicas de las unidades, el defensor legal admitió que los autobuses presentan un exceso de antigüedad de cerca de cinco años. Sin embargo, enfatizó que la falta de renovación vehicular es una consecuencia directa de que el municipio les ha negado la certeza jurídica de las concesiones durante la última década.
“Tenemos 10 años pidiendo las concesiones. La concesión es la garantía que se puede justificar ante las empresas financieras de que dura más de 15 años y con eso se pueden pagar los autobuses. Yo no voy a invertir si no me dan la certeza jurídica de la concesión”, argumentó, comparando la situación con la compra de una propiedad inmobiliaria sin escrituras.
Asimismo, los transportistas manifestaron sentirse engañados respecto al proyecto de modernización del transporte público. Aseguraron haber firmado previamente un convenio para la adquisición de nuevas unidades de origen chino y la integración de un fideicomiso conjunto con el resto de las líneas transportistas; no obstante, acusaron que el ayuntamiento dio por terminado dicho acuerdo de manera unilateral para proceder con los retiros.
“Nos habían dicho de los camiones chinos y que iba a haber una modernización, que nos esperáramos a comprar los camiones y de repente nos dicen que los camiones se deben de sacar de circulación. Ellos dijeron que nos esperáramos a la modernización, se firmó un convenio. Es un fraude el que están cometiendo, se nos engañó, se nos dijo que iban a traer camiones chinos”, dijo Acevedo Quiles.
De acuerdo con los manifestantes, de una flotilla habitual de aproximadamente 56 camiones que operaba la línea, este lunes solo estuvieron circulando entre 5 y 6 circulando, afectando sobre todo la zona rural –entre ellas las comunidades: Roque, Tenería, Plancarte, San José el Nuevo, San Cayetano, La Cruz, La Luz y Crespo-, así como la ruta de Monteblanco, ya que no circularon este día.
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Por concepto de paralización del servicio, estiman pérdidas diarias de entre 15 mil y 20 mil pesos en utilidades por camión, adicionales al impacto en los salarios de los choferes.
Los inconformes advirtieron que esperarán la resolución del Sexto Juzgado de Distrito, pero seguirán exigiendo una respuesta del alcalde Juan Miguel Ramírez, principalmente para definir cuál será el destino laboral de los choferes afectados.
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