Guanajuato, Gto.- Una menor con discapacidad intelectual quedó sin seguimiento institucional en la Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Cruz de Juventino Rosas, pese a que su padre había solicitado apoyo tras denunciar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una presunta violación que derivó en el embarazo de la niña.
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) determinó que dos funcionarios municipales omitieron dar seguimiento al caso y salvaguardar los derechos de la menor, quien se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad por su edad y discapacidad.
En una resolución emitida el 30 de septiembre de 2026, el organismo señaló a Juan García Llanos, titular de la dependencia municipal, y a Humberto Flores Pantoja, auxiliar jurídico, por las omisiones en la atención del expediente.
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De acuerdo con el documento, el caso llegó a la Procuraduría Auxiliar en diciembre de 2023, cuando el padre informó que su hija estaba embarazada y que había presentado una denuncia ante la FGE por una presunta violación.
El hombre acudió en varias ocasiones para solicitar orientación y apoyo. Sin embargo, después de una cita programada para el 22 de enero de 2024, la dependencia dejó de realizar actuaciones para dar seguimiento al asunto.
Ante la PRODHEG, los funcionarios argumentaron que el padre no acudió a la cita en la que recibiría acompañamiento para trasladarse a la Fiscalía de Celaya y conocer los avances de la investigación.
No obstante, el organismo concluyó que la inasistencia no eximía a la dependencia de su obligación de proteger los derechos de la niña. En el expediente no encontró evidencia de otras diligencias para atender la denuncia, evaluar medidas de protección o restituir sus derechos.
La resolución destacó que la discapacidad intelectual de la menor exigía una actuación diligente y reforzada por parte de las autoridades, bajo el principio del interés superior de la niñez.
Además, el padre atribuyó a los funcionarios expresiones que consideró revictimizantes durante las gestiones para obtener apoyo. La PRODHEG revisó una grabación aportada por el quejoso, aunque precisó que tenía valor probatorio indiciario, pues no contaba con elementos objetivos para establecer las circunstancias de la conversación ni la identidad de quienes participaron.
Piden investigar responsabilidades
Como parte de la recomendación dirigida al Ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, la PRODHEG solicitó gestionar atención psicosocial para la menor y su padre, iniciar una investigación para deslindar posibles responsabilidades administrativas y entregar una copia de la resolución a los funcionarios señalados para integrarla a sus expedientes personales.
El organismo también reconoció a la niña como víctima directa y a su padre como víctima indirecta, y anunció que solicitaría su incorporación al Registro Estatal de Víctimas.
El Ayuntamiento deberá informar si acepta la recomendación dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación. Si la acepta, tendrá los siguientes 15 días naturales para presentar las pruebas de su cumplimiento.
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