Guanajuato, Gto.– El fallecimiento del oficial de la Policía Municipal de León, Orlando García Maciel, quien expuso un video antes de atentar contra su vida en el distribuidor vial Juan Pablo II, expuso la necesidad de atender las condiciones de los uniformados. A raíz de este suceso, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) inició una queja de oficio y legisladores de la Comisión de Justicia propusieron reformas sobre soporte emocional para los agentes de seguridad.
La procuradora de los derechos humanos, Karla Gabriela Alcaraz Olvera, confirmó: “Tenemos una queja, que iniciamos, de hecho, de manera oficiosa por este lamentable hecho”, detallando que la investigación busca “verificar si efectivamente hubo esta vigilancia oportuna respecto a esta situación en concreto y de otras que pudieran llegar a presentarse, para que existan medidas no sólo correctivas, sino preventivas en este sentido“. Alcaraz Olvera consideró que “las corporaciones de seguridad pública tienen que tener una vigilancia muy estricta de la situación emocional de las personas que son integrantes de sus cuerpos policiacos. Es algo que se tiene que estar vigilando de manera constante“.

Urgieron brindar formación emocional a oficiales
Al respecto, la vocal de la Comisión de Justicia, Susana Bermúdez Cano, informó que el grupo parlamentario del PAN apresuró una iniciativa para hacer obligatoria la atención psicológica en las corporaciones. “Definitivamente es algo que urge y no debemos de ver como un tema de ahogado el niño tapar el pozo, sino lo debemos de ver como una alerta que nos está pidiendo que ya realicemos un trabajo de atención“, argumentó. En tanto, el vocal de la Comisión de Seguridad Pública, Rolando Fortino Alcantar, aclaró que la ley del sistema estatal no obliga a los municipios a contratar psicólogos internos, señalando que existe obligación de adscribir a los agentes a sistemas de salud, pero que en ciertas corporaciones habría complicaciones para contar con ese personal especializado propio. No obstante, recordó que el Gobierno del Estado cuenta con canales de atención a emergencias emocionales por parte de la Secretaría de Salud.
Alcantar señaló que el estrés, las cargas de trabajo y la falta de valoración social afectan a los oficiales, por lo que urgió a brindar formación emocional. Defendió que el C3 evalúa el equilibrio mental de forma profesional (aspecto que los diputados han constatado presencialmente en visitas a la institución), aunque admitió que el seguimiento diario es perfectible. Agregó que, de forma general, la tasa de suicidios en el estado registra incrementos notables en hombres adultos.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Carlos Abraham Ramos Sotomayor, condicionó su respaldo a que la ley no sea simulada: “hay que ver qué es lo que están proponiendo y que no sea realmente algo momentáneo, algo solamente como para decir ‘queremos contrarrestar y dar cuenta a la ciudadanía que sí se estaba trabajando en el tema‘”. Cuestionó si las policías “tienen la capacidad, tienen la preparación, tienen las fuerzas, tienen los elementos necesarios“, y propuso revisar las condiciones laborales en las dependencias del gobierno estatal e invitar a los municipios a hacer lo mismo.
Finalmente, Alcantar lamentó la difusión en redes de los videos previos al deceso del oficial y precisó que legalmente no existen sanciones viables al tratarse de un sitio público. Llamó a los medios y a la sociedad a no compartirlos por ética, comparándolo con la decisión de no propagar mensajes de la delincuencia organizada.
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