Guanajuato, México.- Evitar que la delincuencia vigile a familias y negocios mediante camaras o drones para robar o extorcionar es el objetivo de la reforma al código penal que propone el PRI.
La iniciativa busca proteger a la sociedad guanajuatense de la proliferación y expansión de la actividad delictiva en la que sus personas, familias o negocios puedan ser vigilados mediante mecanismo de control remoto a distancia, con fines de cometer robos o cualquier otro delito en su perjuicio.
De aprobarse se considerarían delitos contra la seguridad pública el uso indebido de información obtenida mediante drones o artefactos controlados a distancia, así como sistemas fijos de videograbación con fines de cometer delitos, que armoniza la legislación local con la federal.
El legislador priísta Alejandro Arias Ávila explicó que los grupos de delincuencia están usando mecanismos controlados a distancia, como drones drones, con el fin de fotografiar, realizar grabaciones, recabar información para vigilar las actividades de particulares en sus propiedades, negocios o comercios para conocer, reportar sus características o ubicación o para preparar, planear o ejecutar daños, agresiones en su contra, de su familia o de sus empleados.
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Informó que se ha detectado que la delincuencia ha colocado en algunas ciudades sus propios equipos de videograbación fija y que el incremento sustancial de las capacidades de éste tipo de drones comerciales ya debe ser un foco de atención para los expertos en seguridad porque éstas capacidades son potencialmente llamativas para cometer actos delictivos.
Dijo que no era ninguna novedad que la delincuencia organizada en México suele incorporar tecnologías de vanguardia para optimizar sus operaciones de tráfico de drogas, incrementar su seguridad y tener un mayor control al interior de la empresa criminal.
Alejandro Arias Ávila destacó que los drones han sido utilizados en ataques, entre bandas del crimen organizado o contra las fuerzas de seguridad, y que el uso de esos aparatos aéreos no tripulados ha ido en aumento.
Abundó que los grupos del crimen organizado, sobre todo los que pertenecen al narcotráfico, utilizan los drones para vigilar zonas estratégicas o los territorios que controlan. “Asimismo, los modifican de manera artesanal para que puedan lanzar explosivos y atacar a sus enemigos o comunidades en las que buscan generar miedo para apoderarse de las mismas”, indicó.
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En Guanajuato, dijo, ya se usan drones y artefactos para levantar información gráfica, “urgente que el derecho penal intervenga en la tipificación sobre el uso de este tipo de mecanismos de control a distancia con los fines señalados”.
La propuesta propone una pena de prisión de tres a diez años y el decomiso de los aparatos, equipos y objetos producto del delito y multa de cincuenta a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten.
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