¿Quién es Roxana ‘N’, exalcaldesa de Playa del Carmen detenida por desvío de más de 62 millones de pesos?

Ciudad de México, México.– La exalcaldesa de Playa del Carmen, Quintana Roo, Roxana ‘N’, fue detenida la noche del jueves 19 de noviembre en la Ciudad de México, por su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, relacionado con irregularidades en contratos públicos que habrían ocasionado un daño patrimonial superior a 62 millones de pesos.

La detención ocurrió en la alcaldía Venustiano Carranza, como parte de una investigación por posibles actos de corrupción cometidos durante su administración al frente del municipio de Solidaridad, actualmente denominado Playa del Carmen.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, las presuntas irregularidades están relacionadas con la contratación de servicios especializados de lavado de vehículos pertenecientes a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Las autoridades investigan la adjudicación indebida de tres licitaciones públicas a un particular entre 2022 y 2024, así como la autorización de pagos por servicios cuyo cumplimiento no habría sido debidamente acreditado.

¿Por qué detuvieron a Roxana ‘N’, exalcaldesa de Playa del Carmen?

La investigación contra Roxana ‘N’ se centra en presuntas irregularidades administrativas y financieras que habrían generado un perjuicio económico de más de 62 millones de pesos al erario municipal.

Según la Fiscalía de Quintana Roo, durante el periodo investigado se otorgaron tres contratos públicos para realizar labores especializadas de limpieza de vehículos oficiales. Sin embargo, las indagatorias apuntan a que el proveedor contratado no habría cumplido con las obligaciones establecidas.

Uno de los principales señalamientos consiste en la falta de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) correspondientes a los primeros contratos adjudicados.

Pese a estas inconsistencias, los pagos al prestador de servicios habrían continuado sin que existiera documentación suficiente para justificar los recursos públicos entregados.

La Fiscalía también identificó posibles omisiones de servidores públicos responsables de supervisar la ejecución de los contratos.

De acuerdo con las autoridades, los funcionarios involucrados no habrían realizado las verificaciones necesarias para comprobar que los servicios contratados se prestaran conforme a las condiciones establecidas.

Asimismo, presuntamente incumplieron sus obligaciones de revisar que el proveedor contara con los documentos fiscales y administrativos exigidos por la legislación aplicable.

Estas omisiones forman parte de las investigaciones para determinar las posibles responsabilidades de quienes participaron en la contratación, autorización y supervisión de los servicios.