Guanajuato, México.– En medio de una creciente polémica, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron en lo general la reforma judicial de AMLO, propuesta por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con 25 votos a favor y 12 en contra, el proyecto de reforma avanza hacia su discusión en lo particular y su eventual turno al pleno de la Cámara Alta, donde se espera que sea votado el miércoles 11 de septiembre.
Este paquete de reformas, que fue presentado por el presidente en febrero pasado, ha generado protestas y críticas tanto en México como en el ámbito internacional, levantando advertencias de organismos multilaterales, empresas y gobiernos extranjeros. Las principales modificaciones incluyen una reducción en el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la eliminación de pensiones vitalicias y la creación de nuevas instituciones para supervisar el Poder Judicial.
Comienza análisis de la Reforma Judicial; oposición acude ‘bajo cautela’
Puntos clave de la reforma judicial de AMLO
Entre las medidas más destacadas de la reforma judicial de AMLO se encuentran:
- Reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de 11 a 9.
- Disminución de la duración del cargo de los ministros, que pasaría de 15 a 12 años.
- Dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, una extraordinaria en 2025 y otra en 2027.
- Eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Corte.
- Ajuste a las remuneraciones de los ministros, que no podrán exceder el salario del presidente de México.
- Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por dos nuevas instituciones, una de las cuales sería un Tribunal de Disciplina Judicial.
- Eliminación de las dos salas actuales de la SCJN, lo que implicaría una reorganización en la estructura y funciones de la Corte.
De qué va la Reforma Judicial
Protestas en México y críticas internacionales por la reforma judicial
La aprobación de la reforma judicial de AMLO ha desatado diversas manifestaciones a nivel nacional. En la Ciudad de México, un paro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y marchas estudiantiles se llevaron a cabo como protesta contra la iniciativa. Debido a estas acciones, los legisladores se vieron forzados a realizar la sesión en una sede alterna, ya que el Palacio Legislativo fue bloqueado por los manifestantes.
Las repercusiones de la reforma también han alcanzado el ámbito internacional. Organismos como las Naciones Unidas, organizaciones empresariales como la International Chamber of Commerce y calificadoras como Fitch han advertido sobre los posibles riesgos que este cambio podría generar. Las embajadas de Estados Unidos y Canadá también han expresado preocupación por el impacto que las modificaciones podrían tener en la inversión privada, los tratados comerciales y las relaciones diplomáticas.
Más allá de las implicaciones políticas, la reforma judicial de AMLO ha generado inquietud entre los sectores empresariales y financieros. Empresas internacionales como Citibanamex, Stanley Morgan y UBS han advertido que las modificaciones podrían afectar la estabilidad del país y su capacidad para atraer inversiones. En particular, el ajuste en las remuneraciones y la reorganización del Poder Judicial se consideran factores que podrían debilitar la independencia de las instituciones y generar incertidumbre jurídica.
Asimismo, se ha señalado que los cambios propuestos podrían tener repercusiones en el marco de los tratados comerciales de México con otros países, lo que podría llevar a sanciones económicas. Este es un tema especialmente delicado en medio de la pandemia y la situación económica global, donde cualquier desajuste podría afectar significativamente la recuperación de México.
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