1.- Registro de Agresores Sexuales de Libia libra primera prueba
El Registro Público de Personas Agresoras Sexuales de Guanajuato superó el plazo de 30 días para la presentación de acciones de inconstitucionalidad. Todo apunta a que el registro verá la luz.
Era previsible que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato no moviera un dedo. En el caso de Morena también existían dudas: sus diputados respaldaron la reforma al Código Penal, aunque intentaron modificarla para evitar que el registro fuera público. La reserva fue rechazada.
Donde parecía probable una impugnación era en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, tampoco ocurrió. Resulta difícil pensar que una reforma de este calibre haya pasado de noche para el organismo. Quedan entonces dos explicaciones posibles: que no quisieran enfrentar el costo político de combatir una medida popular o que existiera algún tipo de cabildeo previo.
Desde que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo presentó la iniciativa surgieron cuestionamientos sobre su constitucionalidad. El debate se centró en la colisión de derechos: por un lado, el interés superior de la niñez; por el otro, derechos como la reinserción social, la protección de datos personales y las garantías de quienes ya cumplieron una sentencia.
Que no se haya promovido una acción de inconstitucionalidad no significa que el tema haya quedado cerrado. La vía del amparo sigue abierta para quienes se consideren afectados al aparecer en el registro. La diferencia es que sus efectos serían particulares y no generales. En cualquier caso, el escenario inmediato parece claro: el registro será una realidad.
Se trata de un triunfo político para la gobernadora. Desde el inicio reconoció que la reforma podría enfrentar cuestionamientos constitucionales y sostuvo que correspondía al Congreso valorar los derechos en conflicto. La aprobación estaba garantizada por los panistas y aliados. El problema pudo venir después, pero la apuesta salió adelante.
El antecedente más cercano ocurrió en Ciudad de México, donde un registro similar fue invalidado por la Suprema Corte en 2023 tras acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH y la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México. De ahí que lo ocurra en Guanajuato podría convertirse en un referente nacional.
Ahora la atención debe centrarse en la Fiscalía General del Estado. Tiene alrededor de cuatro meses para diseñar, organizar y mantener actualizado el registro. Si cumple los plazos previstos, para el último trimestre del año Guanajuato podría contar ya con esta herramienta en funcionamiento y, con ella, abrir una discusión que difícilmente se quedará dentro de las fronteras del estado.
2.- Espadas entra al juego de “todos contra Alejandra”
Al club de los panistas de “todos contra Alejandra Gutiérrez Campos” se sumó el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Jorge Espadas Galván. La alcaldesa de León, que hasta hace no mucho acumulaba elogios dentro de su partido cuando aún vestía de blanquiazul, hoy parece haberse convertido en el enemigo público número uno de sus excorreligionarios.
El legislador aprovechó la discusión sobre la movilidad y las dificultades que enfrentan los cuerpos de emergencia para lanzar un mensaje dirigido a la presidenta municipal.
Y razón no le falta. La movilidad se ha vuelto cada vez más compleja, los tiempos de traslado aumentan y el transporte público pierde usuarios de forma sostenida. Sin embargo, evitó entrar al fondo del caso que detonó el debate: la muerte del joven que esperó durante dos horas una ambulancia tras sufrir un accidente en motocicleta.
La intención no era disertar sobre cómo mejorar la movilidad en León o la debilidad operativa en servicios de emergencias, sino cargar contra Gutiérrez Campos: “La alcaldesa decía que no pierde el tiempo en grillas y ojalá siga el consejo, porque tenemos un grave problema que se tiene que atender en León, porque urge salvar vidas”.
Parece comenzar a configurarse un nuevo frente para la alcaldesa en este rubro. Apenas el viernes, el líder de los concesionarios del transporte público hablaba de la posibilidad de solicitar un nuevo aumento a la tarifa y advertía un escenario de deterioro en el servicio ante la falta de recursos y el encarecimiento de insumos. Ahora, el coordinador del PAN en el Congreso también se suma a la discusión pública sobre la movilidad.
3.- Las pequeñas revanchas en Morena
La diputada local de Morena, María Eugenia García Oliveros, no dejó pasar el tropiezo de su compañero de bancada, Abraham Ramos Sotomayor. Como presidente de la Comisión de Justicia, avaló un receso que terminó por darle oxígeno a la estrategia panista para dilatar la discusión sobre la despenalización del aborto.
García Oliveros dijo que ni ella entendía cómo Ramos Sotomayor avaló la suspensión de la sesión. Es cierto que poco podía hacer frente a la mayoría panista en la comisión, pero también lo es que ni las manos metió y les facilitó el camino para incumplir acuerdos previamente establecidos y ganar tiempo.
La crítica cobra relevancia, no porque García Oliveros sea un referente en técnica legislativa, sino porque fue removida de la presidencia de la Comisión de Justicia tras confrontarse con buena parte de su propia bancada. La desplazaron a la mala y colocaron en su lugar a Ramos Sotomayor, que no tiene formación de abogado. Hoy, si la discusión sobre la despenalización del aborto queda fuera de este periodo, será difícil desligarlo de esa responsabilidad.
En el PAN tienen clara la ruta: seguir aplazando el debate y que sea la Corte la que termine por invalidar los artículos que criminalizan el aborto voluntario. Ha sido su apuesta desde el principio. En ese escenario, el legislador irapuatense les dejó la cancha más cómoda de lo necesario.
Mientras tanto, García Oliveros observa desde la tribuna cómo a su sucesor se le hace bolas en engrudo. Y no parece incómoda con ello.
Mañana se retomará la Comisión de Justicia para definir la metodología que seguirá el análisis de las iniciativas relacionadas con la despenalización del aborto y el cumplimiento de los criterios fijados por la Corte. No sorprendería que el PAN vuelva a recurrir a maniobras dilatorias.
El fondo del asunto está definido. La despenalización del aborto voluntario terminará por llegar a Guanajuato. Ahora la disputa está en el cómo, y sí, también importa por los costos y réditos políticos.
Contra Retrato
José Andrés Rizo Marín
La Secretaría de la Honestidad optó por no complicársela. Para encabezar Transparencia para la Gente eligió a un perfil técnico.
José Andrés Rizo Marín trabajó más de una década en el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP). Desde 2015 ocupó la Secretaría General de Acuerdos, una posición clave en la revisión y procesamiento de los recursos de impugnación. Su llegada al nuevo órgano desconcentrado es en sí una continuidad institucional tras la desaparición del instituto.
La apuesta tiene lógica clara. El gobierno estatal evitó abrir un frente innecesario con un nombramiento político y se decantó por alguien que conoce el funcionamiento técnico. Aunque la experiencia del titular no resolverá por sí sola los desafíos estructurales del nuevo modelo.
Transparencia para la Gente operará con aproximadamente la mitad del personal que tenía el IACIP y con menos recursos. La secretaria de la Honestidad, Arcelia González González, sostiene que es posible hacer más con menos al conservar el talento necesario para cumplir la función.
El verdadero reto no estará en atender solicitudes de información o resolver recursos de revisión, sino en la calidad y firmeza de las resoluciones que emita el órgano. Aunque Rizo Marín habló de autonomía, la realidad es que Transparencia para la Gente carece de las garantías institucionales que tenía, al menos en el papel, el desaparecido IACIP.
Por eso, el desafío no será demostrar capacidad administrativa, sino independencia técnica. Cuando lleguen recursos que involucren a gobiernos municipales o dependencias estatales, cada resolución será observada. La legitimidad del nuevo modelo dependerá menos de los discursos sobre austeridad y más de su capacidad para demostrar que puede resolver con rigor técnico, incluso cuando hacerlo genere incomodidades políticas a gobiernos de todos los colores.