León, Gto.- Ricardo García Frausto oficializó su salida de la Subsecretaria de Diversidad y de Género del Gobierno de Guanajuato, acusando a la Secretaría de Derechos Humanos de frenar su trabajo, que dejó a la dependencia con un subejercicio presupuestal de más del 92%.
Tras la difusión de su renuncia, atribuida a una queja presentada por la alcaldesa de Apaseo el Alto, Monserrat Mendoza Cano, acusándolo de ejercer presión para crear la unidad municipal de género; el ex funcionario convocó a rueda de prensa para exponer sus motivos, en donde descartó esa versión.
Opinión
Quejas y tensiones obligan salida de subsecretario de la Diversidad Sexual
En cambio afirmó que fue por congruencia con su principios, luego de enfrentar trabas constantes para cumplir con su agenda de trabajo, principalmente en proyectos de inversión donde se quedó sin ejercer más del 92% del presupuesto asignado para 2026, situación que reportó ante la Secretaría de la Honestidad en agosto, en donde también solicitó la protección del recurso.
Congreso de Guanajuato había presionado a municipios en septiembre por unidades de género
El Congreso del Estado emplazó a 22 ayuntamientos de Guanajuato para que, en un plazo improrrogable de 15 días hábiles, informen oficialmente si ya cuentan con unidades de atención especializada y si adaptaron sus reglamentos locales a la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género.
El acuerdo fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, con los votos de legisladores de Morena y el PAN, como paso previo a dictaminar una propuesta de exhorto dirigida a las administraciones que presuntamente no han instalado estas oficinas.
La solicitud de información incluía a Apaseo el Alto junto con casi la mitad de los municipios de la entidad, encabezados por distintas fuerzas políticas: Abasolo, Apaseo el Alto, Atarjea, Cuerámaro, Doctor Mora, Guanajuato capital, Huanímaro, Jaral del Progreso, Manuel Doblado, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Salamanca, San José de Iturbide, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tarandacuao, Tarimoro, Uriangato, Victoria, Xichú y Yuriria.
Secretaría de Derechos Humanos debía realizar informe
De acuerdo con lo mandatado en la legislación estatal, los gobiernos locales están obligados a crear una unidad administrativa especializada que cuente con personal capacitado y presupuesto propio asignado en sus presupuestos de egresos. Dichas áreas tienen como función ofrecer orientación y asesoría jurídica directa, brindar acompañamiento psicológico, canalizar casos de discriminación y capacitar a funcionarios públicos y elementos de la policía municipal para erradicar abusos hacia personas de la diversidad sexual.
Para evitar que estas áreas existan solo en el papel o dependan de la voluntad política en turno, el órgano legislativo también requirió un informe a la Secretaría de Derechos Humanos del Estado. La dependencia debía detallar qué municipios tienen oficinas operando con recursos reales, qué convenios de colaboración se han firmado y qué asistencia técnica se ha proporcionado a las autoridades locales.