La decisión se votó por unanimidad el martes 13 de octubre. Los amparos fueron promovidos por Mason Kaiser, la Embotelladora del Fuerte (filial de Coca-Cola) y la compañía de máquinas expendedoras Megavending.
Las y los ministros determinaron que los lineamientos no violan la libertad de comercio ni de trabajo de las empresas, pues estas pueden seguir vendiendo sus productos fuera de las escuelas, siempre que cumplan con las condiciones de salud establecidas y no tengan sellos de advertencia.
Las empresas han impugnado los lineamientos desde que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud los publicaron en septiembre de 2024. Entraron en vigor en marzo de 2025.
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Las universidades también son entornos educativos
Uno de los puntos centrales fue la educación superior. Las empresas argumentaban que la medida atenta contra el libre desarrollo de la personalidad de los universitarios, quienes en su mayoría son mayores de edad. La SCJN respondió que las universidades también son entornos educativos que deben protegerse.
Durante la discusión, la ministra Loretta Ortiz señaló que algunos estudiantes no tienen recursos para comer fuera del plantel, por lo que las instituciones deben ofrecer opciones alimentarias saludables y accesibles.
Voto concurrente de Yasmín Esquivel
La ministra Yasmín Esquivel emitió un voto concurrente para separarse del punto sobre las universidades. Argumentó que la medida podría interferir con su autonomía y su capacidad de autogobierno, y usó como ejemplo las normas de la UNAM. El resto de los ministros no coincidió y reiteró que la autonomía no exime a las instituciones de cumplir con las regulaciones de salud pública.
Chantal Reyes, abogada de El Poder del Consumidor, una de las organizaciones que impulsaron el etiquetado de advertencia, destacó que el fallo protege la salud y la alimentación de estudiantes de todos los niveles y también de quienes trabajan en los planteles.
“Es una medida muy progresista hablando en términos de derechos humanos porque es una regulación que implica proteger a los estudiantes, a la comunidad escolar”, dijo. Reyes subrayó que, en escuelas donde preparatorias y universidades comparten espacios y cooperativas, dejar fuera al nivel superior expondría a menores de edad a la comida chatarra.
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Con este criterio, jueces y magistrados de juzgados locales ya tienen un precedente para negar suspensiones y amparos de empresas contra los lineamientos. Aún quedan pendientes en la Corte dos casos: el de una persona física y el del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Por la relevancia del tema, investigadores y organizaciones de Brasil, Colombia y Chile presentaron amicus curiae ante la Corte, con evidencia científica para respaldar los lineamientos. Reyes afirmó que el fallo posiciona a México como referente en la protección de entornos escolares y que servirá de guía a otros países que impulsan regulaciones similares.