El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. Las movilizaciones de trabajadores junto a las denuncias por desabasto de medicamentos, la insuficiencia de personal médico, el deterioro de instalaciones y los cuestionamientos sobre la calidad de la atención han puesto nuevamente en el centro del debate público la capacidad del Estado mexicano para garantizar el derecho a la salud.
El Instituto Mexicano del Seguro Social, creado el 19 de enero de 1943 durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, último presidente de origen militar, fue resultado de un proceso de institucionalización de los derechos sociales derivados de la Revolución mexicana, respondiendo a la necesidad de establecer un sistema de protección para los trabajadores y sus familias mediante un esquema de financiamiento tripartito, integrado por aportaciones del Estado, empleadores y trabajadores bajo una lógica contributiva y, por tanto, excluyente, es decir, quien no tenía empleo formal quedaba fuera. Desde entonces, el Instituto se convirtió en uno de los pilares del Estado social mexicano, proporcionando no solamente atención médica, sino también prestaciones económicas, pensiones, servicios de guardería y mecanismos de protección frente a distintos riesgos laborales y sociales. De esa exclusión surgió, en 1979, IMSS-Coplamar, establecido en 1979 para proporcionar servicios médicos a comunidades rurales y poblaciones marginadas. Después de diversas transformaciones institucionales (IMSS-Solidaridad, IMSS-Prospera), el 31 de agosto de 2022 se creó el organismo público descentralizado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) -tras el paso fallido del Seguro Popular y el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI)- cuya finalidad consiste en proporcionar atención médica y medicamentos gratuitos a personas sin seguridad social, mediante la incorporación de servicios estatales de salud al nuevo modelo federalizado, con recursos fiscales y hospitales transferidos por los estados.
Aunque ambas instituciones comparten antecedentes y denominación, sus responsabilidades son diferentes. Mientras el IMSS atiende fundamentalmente a trabajadores asegurados, pensionados y sus beneficiarios, el IMSS-Bienestar está orientado a la población que carece de seguridad social, siendo, además, organismos jurídicamente distintos, con esquemas de financiamiento, administración y responsabilidades propias.
La problemática actual del IMSS refleja una contradicción entre la ampliación de la cobertura y la capacidad efectiva para proporcionar servicios oportunos y de calidad. De acuerdo con información institucional de octubre de 2026, el organismo cuenta con aproximadamente 511 mil trabajadores, atendiendo una demanda creciente, particularmente de personas adultas mayores y pacientes con enfermedades crónicas. Aunque su dirección reporta un abasto promedio de medicamentos del 94 por ciento, este indicador no necesariamente refleja las dificultades que enfrentan quienes acuden a las farmacias y reciben tratamientos incompletos, donde una receta parcialmente surtida puede representar la interrupción de un tratamiento indispensable. A ello deben agregarse las recientes protestas del personal médico, de enfermería, administrativo y de trabajadores jubilados, quienes han denunciado insuficiencia de insumos, sobrecarga laboral, plazas vacantes y desacuerdos relacionados con el incremento salarial y las condiciones de jubilación; movilizaciones que evidencian que el conflicto no puede explicarse exclusivamente por las negociaciones entre autoridades y organizaciones sindicales, siendo también reflejo del desgaste de una estructura hospitalaria sometida a presiones financieras, demográficas y operativas cada vez mayores.
En este escenario, Zoé Robledo, director general del IMSS desde 2019, desempeña un papel central, ya que su responsabilidad no consiste únicamente en administrar recursos presupuestales o presentar indicadores de cobertura, sino en garantizar que las decisiones institucionales se traduzcan en mejores condiciones de atención. Si bien durante su gestión se han impulsado proyectos de infraestructura, contratación de personal y ampliación de servicios, también corresponde evaluar críticamente por qué persisten deficiencias que afectan directamente a trabajadores y derechohabientes. El anuncio realizado el 12 de octubre sobre la revisión de 277 hospitales de segundo y tercer nivel constituye una respuesta a las inconformidades recientes. Sin embargo, esta decisión plantea importantes interrogantes sobre su viabilidad operativa. Supervisar una institución de dimensiones nacionales no significa simplemente recorrer instalaciones, conversar con directivos o levantar inventarios, ya que los hospitales funcionan mediante turnos matutinos, vespertinos, nocturnos y jornadas especiales, cuyas condiciones pueden variar considerablemente. En este contexto, una inspección realizada durante la mañana difícilmente permitirá conocer lo que ocurre durante la madrugada, cuando pueden presentarse mayores dificultades para disponer de especialistas, medicamentos, personal de enfermería o servicios auxiliares. Incluso dentro de un mismo hospital pueden coexistir áreas adecuadamente equipadas con otras que presentan deficiencias importantes. Por ello, una supervisión verdaderamente integral tendría que considerar todos los turnos, categorías laborales y servicios, además de incorporar las unidades de medicina familiar, que constituyen el primer contacto de millones de derechohabientes con el sistema.
Desde la perspectiva de políticas públicas, el problema exige abandonar las respuestas predominantemente reactivas por un modelo permanente de evaluación institucional, lo que implica desarrollar un diagnóstico nacional independiente, con indicadores verificables sobre disponibilidad efectiva de medicamentos, tiempos de espera, suficiencia de personal por turno, funcionamiento del equipo médico, condiciones de infraestructura, infecciones asociadas con la atención y satisfacción de los usuarios. Asimismo, resulta indispensable fortalecer la planeación presupuestaria, mejorar los mecanismos de adquisición y distribución de medicamentos, profesionalizar la gestión hospitalaria, así como establecer sistemas de información que permitan identificar oportunamente las deficiencias. La política de recursos humanos debe considerar no solamente el número de trabajadores contratados, sino su distribución territorial, especialización, condiciones laborales y disponibilidad efectiva durante las distintas jornadas.
El desafío del IMSS entonces no consiste únicamente en construir más hospitales o incrementar las estadísticas de consultas, sino en garantizar que cada persona reciba atención médica oportuna, segura y digna. La legitimidad de una institución pública no debe depender exclusivamente de sus dimensiones presupuestarias o de su cobertura, sino de su capacidad para satisfacer los derechos que justifican su existencia.
Y usted ¿se siente seguro en el Seguro? Seguiremos atentos.