Guanajuato, Guanajuato.- Tras un juicio que se ha retrasado por más de cuatro años, este miércoles 27 de mayo la jueza federal de Guanajuato, Verónica Viridiana Sandoval Hurtado, dictó sentencia condenatoria en contra de Iván N y Jesús Ángel N, los elementos de la Guardia Nacional implicados en el asesinato del estudiante de la Universidad de Guanajuato (UG), Ángel Yael N, ocurrido el 27 de abril de 2022 en la ciudad de Irapuato.
La jueza determinó que la pena total para Jesús Ángel N, por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y daños, asciende a 54 años, tres meses, dos días de prisión y 25 UMAS de 2022, equivalentes a 2 mil 405 pesos. Mientras que, en el caso de Iván N, acusado de homicidio en grado de tentativa y daños, la condena impuesta asciende a 33 años y dos días de prisión, además de las mismas 25 UMAS.
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En una audiencia que se prolongó durante varias horas, la jueza federal escuchó los alegatos finales tanto de la parte acusadora como de la defensa de los inculpados.
En la emisión de su fallo, la jueza consideró dos agravantes que elevaron la punibilidad de los acusados a un nivel equidistante entre el mínimo y el medio. La primera fue su carácter de servidores públicos y agentes de seguridad pública, quienes debían ser garantes de la seguridad y vida de los jóvenes y no, por el contrario, sus victimarios. La segunda fue la calidad y condición específica de las víctimas, quienes eran estudiantes universitarios que se encontraban en una convivencia después de sus clases y que tenían toda una vida por delante.
En el caso de las medidas de reparación del daño para las víctimas identificadas con las iniciales NLRS, madre de Ángel, y los otros tres jóvenes que viajaban con él al momento del ataque, cuyas iniciales son EACF, AERJ y LMV, la jueza dictaminó que todos deberán recibir atención médica, psicológica y psiquiátrica y, en caso de ya recibirla, deberán incrementarse los recursos destinados para lograr su correcta readaptación a sus vidas personales y laborales.
En los casos que así lo ameriten, se deberá llevar a cabo una indemnización económica por daño moral y lucro cesante que pudieran haber sufrido tanto ellos como sus familiares directos afectados por los hechos ocurridos en abril de 2022.
De igual manera, se ordenó la indemnización económica por los gastos generados en honorarios de abogados, tratamientos psicológicos y cualquier gasto derivado de la asistencia a las diferentes etapas del juicio.
Además de una disculpa pública por parte de los inculpados, la jueza Sandoval Hurtado ordenó que la Guardia Nacional difunda una publicación en sus medios institucionales donde se dé lectura a la sentencia y se limpie el nombre de las víctimas.
También ordenó que la Guardia Nacional promueva la observancia de los derechos humanos entre su personal y brinde capacitación adecuada sobre el uso de la fuerza a todos sus elementos.
En el caso de dos de los jóvenes, identificados como EACF y AERJ, la jueza ordenó que reciban apoyo para readaptarse a sus actividades académicas y económicas.
Durante la sesión celebrada este miércoles no se pudo determinar el monto de las indemnizaciones, ya que la jueza consideró que no existen pruebas suficientes en este momento procesal, por lo que dichas cantidades serán definidas durante la audiencia de ejecución de sentencia.
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Actualmente, las diferentes partes esperan la notificación formal de la sentencia, a partir de la cual contarán con 10 días para presentar los recursos legales que consideren necesarios.
La jueza federal anticipó que, hasta que la sentencia cause ejecutoria, las medidas cautelares vigentes en contra de los dos acusados continuarán aplicándose.
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