La mandataria federal no descartó respaldar un eventual cambio en el calendario electoral; sin embargo, subrayó que primero se requiere una evaluación técnica y jurídica antes de tomar una decisión definitiva.
“Estamos evaluando si se pasa al 28, si hay algunos cambios adicionales que tuviera que tener para mejorar… vamos a esperar a que entre Luisa y posteriormente informamos”, explicó.
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Evaluación antes de cualquier modificación
Sheinbaum recordó que, aunque en etapas previas de la reforma judicial se contempló aplazar la elección, esta opción fue retirada del proyecto final que entró en vigor el 24 de abril.
Será a partir del 1 de mayo cuando Alcalde asuma la titularidad de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, desde donde encabezará el análisis sobre posibles ajustes al proceso electoral judicial.
En caso de considerarse necesario, el Ejecutivo podría enviar una iniciativa para modificar la fecha originalmente establecida.
Propuesta en el Congreso plantea cambio a 2028
De manera paralela, legisladores de Morena presentaron una iniciativa para trasladar la elección judicial de 2027 a 2028, además de introducir cambios en los mecanismos de selección de aspirantes.
La propuesta contempla la creación de un Comité Único de Evaluación que concentre la revisión de perfiles, así como la aplicación de exámenes elaborados por la Escuela Nacional de Formación Judicial.
Entre quienes impulsan esta iniciativa se encuentran Alfonso Ramírez Cuéllar, Olga Sánchez Cordero, Javier Corral y Susana Harp.
Además, se plantea sustituir requisitos como el promedio académico por evaluaciones técnicas estandarizadas que acrediten competencias profesionales.
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INE advierte sobre costos y logística
Tras darse a conocer la propuesta, durante el foro “Fortalecimiento de las Elecciones Judiciales”, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Rita Bell López, advirtió que empatar la elección judicial con los comicios intermedios no generaría ahorros significativos.
Señaló que, por el contrario, implicaría duplicidad de funciones y un aumento en los costos operativos debido a la necesidad de contratar personal adicional.
El debate sobre la elección judicial continúa abierto, mientras el gobierno federal y el Congreso analizan posibles ajustes a uno de los procesos clave de la reforma al Poder Judicial.