Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el decreto entrará en vigor un mes después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Ese plazo permitirá que las empresas tecnológicas realicen los ajustes necesarios para cumplir con las disposiciones.
“Las plataformas digitales estuvieron de acuerdo, solo pidieron de plazo un mes para adoptar las medidas necesarias”, afirmó Sheinbaum.
La iniciativa se presenta después de hechos violentos registrados en entornos escolares, como el ataque ocurrido en una secundaria de Torreón, Coahuila, donde murió la subdirectora del plantel. El Gobierno busca fortalecer las medidas de prevención y reducir la exposición de menores a contenidos que puedan representar un riesgo para su seguridad.
La presidenta advirtió que, si las compañías no cumplen con las obligaciones establecidas, su administración podría impulsar una legislación que contemple sanciones.
“Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”, señaló. La supervisión de las medidas estará a cargo de la Agencia de Transformación Digital.
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¿Qué establece el decreto contra los contenidos violentos en redes sociales?
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que el decreto establece una serie de obligaciones para los servicios digitales que permiten a sus usuarios interactuar, comunicarse y compartir contenidos.
Entre las principales disposiciones se encuentran:
- Verificación de edad: las plataformas deberán incorporar mecanismos para identificar la edad de sus usuarios.
- Clasificación de contenidos: tendrán que establecer criterios de edad para limitar el acceso de menores a materiales inadecuados.
- Privacidad y seguridad predeterminadas: deberán reforzar la configuración inicial de las cuentas de niñas, niños y adolescentes para ofrecerles mayor protección.
- Herramientas de supervisión parental: se prevé la incorporación de recursos que permitan a madres, padres y tutores acompañar el uso de los servicios digitales.
- Mecanismos de denuncia: las empresas deberán facilitar que los usuarios reporten publicaciones o cuentas que puedan poner en riesgo a menores.
- Atención a requerimientos oficiales: las plataformas deberán contar con canales de contacto para responder a las autoridades investigadoras y atender solicitudes relacionadas con posibles delitos.
Las medidas también contemplan acciones para retirar cuentas o contenidos que promuevan discursos de odio, extremismo violento, explotación sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso y otras conductas ilícitas.
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Además, se prevé que las compañías preserven y entreguen información relevante para las investigaciones, conforme a los requerimientos legales aplicables, y alerten sobre contenidos que representen amenazas para la vida.
¿Qué plataformas digitales participaron en las reuniones con el Gobierno?
De acuerdo con la información presentada por las autoridades, entre las empresas que participaron en las reuniones con el Gobierno mexicano se encuentran Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei.
Sus representantes manifestaron disposición para implementar las medidas planteadas, aunque las compañías deberán realizar los ajustes correspondientes para cumplir con las obligaciones que entren en vigor.
El decreto tiene carácter obligatorio, pero no contempla sanciones directas para las plataformas. Por ello, Sheinbaum advirtió que el Gobierno podría promover una ley adicional si detecta incumplimientos.
Alcalde señaló que la Consejería Jurídica mantendrá abierto un espacio para analizar posibles propuestas de regulación complementaria. De esta manera, la aplicación inicial de las medidas funcionaría como una etapa para evaluar su cumplimiento y determinar si se requieren instrumentos legales adicionales.
¿Cuándo entrará en vigor el decreto de Sheinbaum?
El plazo anunciado es de un mes a partir de la publicación del decreto en el DOF. La fecha exacta de entrada en vigor dependerá, por tanto, del día en que se publique oficialmente el documento.
Durante ese periodo, las empresas deberán preparar los mecanismos de verificación de edad, modificar las configuraciones de privacidad y seguridad, habilitar herramientas de supervisión parental y revisar sus procedimientos para denunciar y retirar contenidos.
La Agencia de Transformación Digital será responsable de supervisar la implementación, según lo anunciado por la presidenta. Sin embargo, la posibilidad de imponer sanciones dependerá de una eventual legislación posterior, en caso de que el Gobierno considere que las medidas iniciales no se cumplen.