Durante su conferencia matutina de este viernes 23 de octubre, la mandataria sostuvo que no debe existir ninguna sospecha de corrupción en el organismo encargado de organizar las elecciones y llamó a transparentar la información sobre sus contrataciones.
“No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE”, expresó Sheinbaum, al referirse a las acusaciones que involucran a Taddei y a proveedores de materiales electorales.
La controversia se intensificó después de que se difundieran imágenes de una celebración en la que aparece la consejera presidenta junto a José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado con compañías que han obtenido contratos del instituto.
Sheinbaum evitó pronunciarse directamente sobre la exigencia de que Taddei renuncie al cargo y señaló que esa decisión corresponde a la propia funcionaria. En cambio, insistió en la necesidad de revisar los hechos y aclarar cualquier posible irregularidad.
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PRI y oposición exigen explicaciones a Guadalupe Taddei
Los señalamientos contra la titular del INE llegaron a la sesión del Consejo General del jueves 22 de octubre, cuando representantes partidistas cuestionaron la relación de Taddei con proveedores del organismo y solicitaron explicaciones sobre las contrataciones.
Emilio Suárez Licona, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), preguntó públicamente qué hacía la consejera presidenta en un festejo con Alfredo Hernández, a quien identificó como proveedor del instituto.
El representante priista consideró que una explicación sobre ese encuentro contribuiría a despejar dudas acerca de la transparencia en la gestión del organismo electoral.
Por su parte, Carlos Mancilla, también del PRI, sostuvo que Taddei debería dejar el cargo si no acredita documentalmente la legalidad de las contrataciones cuestionadas y la inexistencia de conflictos de interés.
Representantes de oposición, entre ellos integrantes del partido Somos, también solicitaron que la consejera presidenta se separe de sus funciones mientras se aclaran los señalamientos.
Hasta el momento, las acusaciones se mantienen en el terreno de los presuntos conflictos de interés y las posibles irregularidades. Su existencia y alcance deben determinarse mediante las revisiones y los procedimientos correspondientes.
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¿Qué respondió Guadalupe Taddei a las acusaciones?
La consejera presidenta rechazó que existan proveedores favorecidos por su administración y defendió la legalidad de las contrataciones realizadas por el INE.
Taddei sostuvo que las empresas señaladas participan en procedimientos de contratación del instituto desde 2019, antes de que ella asumiera la presidencia del organismo, en abril de 2023.
También afirmó que no abandonará sus responsabilidades ante las críticas y consideró que los señalamientos buscan afectar al instituto. Además, indicó que se facilitará la intervención de las instancias fiscalizadoras para revisar la información pertinente.
En la sesión del Consejo General, la discusión subió de tono cuando Suárez Licona intentó abordar el tema de la celebración y la relación con el empresario. Taddei le pidió en repetidas ocasiones que se apegara al punto del orden del día, lo que generó un intercambio entre ambos.
La polémica ha puesto bajo escrutinio la relación entre los funcionarios electorales y las empresas que proveen materiales al organismo, así como los mecanismos para garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos.
Corporativo ZEG y el caso del chofer de Guadalupe Taddei
Otro de los asuntos que ha generado cuestionamientos involucra a Jonathan Navarrete, identificado en los reportes como chofer de la consejera presidenta y apoderado legal de Corporativo ZEG, una empresa dedicada al suministro de materiales utilizados en procesos electorales.
Según información publicada sobre el caso, Navarrete recibió facultades de representación de la compañía en junio de 2023, antes de incorporarse al equipo de Taddei como conductor. También se ha señalado que la empresa y otras firmas relacionadas con el empresario Alfredo Hernández han sido objeto de investigaciones o revisiones por parte de autoridades financieras y fiscalizadoras.
Estos antecedentes han motivado solicitudes para examinar las relaciones entre proveedores, colaboradores del INE y responsables de las contrataciones. Sin embargo, la existencia de una relación laboral o de representación legal no demuestra por sí misma que se haya cometido una irregularidad en la adjudicación de contratos.
La revisión de los expedientes deberá establecer si hubo incumplimientos, omisiones o posibles conflictos de interés, así como determinar si corresponde fincar responsabilidades.