El pasado viernes 13 de noviembre, Estados Unidos experimentó una situación que obliga a replantear la manera en que entendemos la seguridad nacional. La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó suspender todas las salidas de vuelos comerciales (ground stop), así como restringir los aterrizajes, debiendo ser verificados cada uno de ellos, debido a fallas en los sistemas de telecomunicaciones utilizados para el control del tráfico aéreo, interrupción que se prolongó durante cuatro horas afectando miles de operaciones, dejando a pasajeros y aerolíneas en medio de la incertidumbre.
Y aunque las autoridades señalaron que no existían indicios iniciales de un ciberataque, el acontecimiento resulta preocupante por una razón fundamental en términos de preguntarnos ¿cómo es posible que una de las principales potencias económicas, militares y tecnológicas del mundo se vea en la necesidad de detener la totalidad de su aviación comercial por una falla en sus sistemas de comunicación? Para entender lo anterior, debemos de partir de la premisa que no es la primera vez que ocurre algo semejante en la nación americana. El antecedente más importante es el 11 de septiembre de 2001, cuando, después de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono, Estados Unidos ordenó cerrar su espacio aéreo para impedir que las aeronaves continuaran siendo utilizadas como instrumentos de ataque; de manera más reciente, el 11 de enero de 2023, la FAA suspendió temporalmente las salidas de vuelos nacionales por una falla en el sistema NOTAM (Notice to Air Missions o Aviso para Misiones Aéreas) encargado de transmitir información indispensable para la seguridad de las operaciones aéreas, identificándose en en dicha ocasión la eliminación accidental de archivos durante trabajos de mantenimiento, sin evidencia de que se tratara de un ataque informático.
Ambos acontecimientos, tanto de 2023 como el del viernes pasado, si bien tienen causas distintas, comparten una característica en particular al evidenciar que una falla tecnológica puede convertirse rápidamente en un problema de alcance nacional. Ahora, desde la perspectiva de seguridad nacional, lo sucedido demuestra que la protección de un país no depende exclusivamente de sus capacidades militares, servicios de inteligencia, fronteras o sistemas de defensa, sino que también requiere garantizar el funcionamiento de sus infraestructuras críticas, tales como electricidad, telecomunicaciones, servicios financieros, hospitales, puertos, carreteras y aeropuertos. En este sentido, la aviación comercial si bien transporta pasajeros, también moviliza mercancías, medicamentos, componentes industriales, entre otros. Por otro lado, en términos de seguridad interior, el Estado tiene la obligación no sólo de garantizar la continuidad de los servicios esenciales y coordinar a las instituciones, sino de evitar que una contingencia tecnológica, como la presentada, se transforme en una crisis de mayores proporciones. Por ello, restringir los vuelos ante una falla de comunicaciones, sin duda es una decisión necesaria para proteger vidas, sin embargo, debe cuestionarse por qué los sistemas de comunicación experimentaron condiciones que volvieron inevitable una interrupción de tal magnitud.
Uno de los datos más reveladores proviene de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno estadounidense (GAO). En su informe de septiembre de 2026, identificó que, de 138 sistemas de control de tráfico aéreo, 51 eran insostenibles y otros 54 presentaban condiciones potencialmente insostenibles, lo que significa que aproximadamente 76 por ciento tenía problemas de sostenibilidad tecnológica, además de que 73 sistemas superaban los 20 años de antigüedad y 40 tenían más de tres décadas, dependiendo algunos componentes aún de líneas de cobre instaladas desde los años sesenta. En este contexto la contradicción resulta evidente, es decir, un país que destina enormes recursos a defensa, inteligencia y tecnología mantiene infraestructuras aeronáuticas que arrastran rezagos de varias décadas, por lo que no necesariamente es un problema de falta presupuestal, sino también de planeación, mantenimiento, modernización y capacidad institucional para sustituir sistemas obsoletos, aunque la dimensión presupuestaria tampoco es menor en el sentido que el programa de modernización del control aéreo contempla aproximadamente 20,800 millones de dólares para sus dos primeras fases, mientras que el secretario de Transporte ha planteado la necesidad de conseguir hasta 50 mil millones para una renovación integral; cifras que aluden a la modernización del sistema, no al costo de reparar la falla experimentada el viernes, cantidad que todavía requiere una evaluación técnica y financiera para conocer sus implicaciones.
Aunado a lo anterior, debemos considerar igualmente un escenario delicado preguntándonos ¿qué habría sucedido si la interrupción no hubiera sido accidental, sino consecuencia de un ciberataque? En este sentido, una intervención deliberada sobre las comunicaciones aeronáuticas podría formar parte de una operación de sabotaje digital, acompañada de desinformación o de ataques contra otras infraestructuras estratégicas; y aunque no se cuenta hasta le momento con evidencia de que esto haya ocurrido, la posibilidad debe formar parte de los escenarios de seguridad. Es decir, si una operación informática pudiera comprometer simultáneamente sistemas de transporte, redes eléctricas, servicios bancarios o telecomunicaciones, las consecuencias dejarían de ser sectoriales, convirtiéndose en una crisis multifactorial ya que la vulnerabilidad no reside únicamente en que un sistema deje de funcionar, sino en que su interrupción afecte a otros servicios que dependen de é, por lo que la seguridad en el siglo XXI exige, por tanto, sistemas redundantes, respaldos independientes, monitoreo permanente, así como protocolos de recuperación ante ataques y fallas.
Otro asunto que merece atención es la comunicación gubernamental. En una contingencia como la experimentada, informar tarde o de manera insuficiente incrementa la incertidumbre abriendo espacios para rumores y especulaciones, siendo inevitable, en el caso concreto de los Estados Unidos, remitirse a la memoria colectiva del 11 de septiembre de 2001. Por ello, las autoridades tienen la obligación de explicar oportunamente qué ocurrió, cuáles son los riesgos, qué servicios continúan funcionando y cuánto tiempo podría tomar la recuperación. Por tanto, la comunicación pública no debe ser solamente un ejercicio de transparencia, sino también una capacidad de seguridad interior. Lo ocurrido el 13 de noviembre deja una lección que trasciende a los Estados Unidos en términos de que la seguridad nacional no puede medirse exclusivamente por el tamaño de sus presupuestos militares o por su capacidad de vigilancia tecnológica, sino por la confiabilidad de sus infraestructuras, la coordinación de sus instituciones, así como su capacidad para mantener funcionando los servicios esenciales ante una contingencia.
Y usted, ¿ya hizo sus maletas y tomó su vuelo, o está esperando que las comunicaciones de la principal potencia del mundo le permitan llegar a su destino?